Revista IECOS, 27 (1), 96-114 | Enero-Junio 2026 | ISSN 2961-2845 | e-ISSN 2788-7480
EL COMPROMISO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON EL MODELO SUSTENTABLE DE DESARROLLO
PUBLIC ADMINISTRATION COMMITMENT TO THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT MODEL
Alicia Monserrath Islas
Gurrola
1, Rina Marissa Aguilera
Hintelholher1*, Ricardo Uvalle
Berrones1**
1Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México
E-mail: 1alicia_islas@politicas.unam.mx, 1*rinaaguilera@politicas.unam.mx, 1**ricardo_uvalle@yahoo.com.mx
1https://orcid.org/0000-0002-3516-0632, 1*https://orcid.org/0009-0008-4021-7534, 1**https://orcid.org/0000-0003-4618-9542
https://doi.org/10.21754/iecos.v27i1.2740
Recibido (Received): 12/08/2025 Aceptado (Accepted): 27/01/2026 Publicado (Published): 31/03/2026
RESUMEN
El trabajo analiza y explica la relevancia de la Administración Pública en la Agenda 2030 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en tanto constituyen una estrategia orientada a la protección de la vida económica y social del planeta. Dicha estrategia se sustenta en una construcción institucional viable, que demanda procesos de colaboración articulados mediante el uso de instrumentos adecuados de dirección, gestión e implementación, capaces de demostrar la capacidad de los Estados para reducir la destrucción ambiental y la desigualdad social derivadas de prácticas que dilapidan los recursos y bienes comunes de la humanidad. En este contexto, resulta indispensable que las instituciones administrativas asuman su responsabilidad, apoyándose en la innovación directiva y operativa, a fin de contribuir a la configuración de un nuevo patrón de vida más equitativo, inclusivo y sostenible.
Palabras clave: Administración pública, capacidad de gestión, calidad de vida, innovación, sostenibilidad.
ABSTRACT
The paper analyzes and explains the relevance of public administration in the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals, as they constitute a strategy aimed at protecting the economic and social life of the planet. This strategy is based on a viable institutional framework, which requires coordinated collaboration processes through the use of appropriate management, administration, and implementation tools capable of demonstrating the ability of States to reduce environmental destruction and social inequality resulting from practices that squander humanity's common resources and assets. In this context, it is essential that administrative institutions assume their responsibility, relying on managerial and operational innovation, in order to contribute to the configuration of a new, more equitable, inclusive, and sustainable way of life.
Keywords: Public administration, management capacity, quality of life, innovation, sustainability.
1. INTRODUCCIÓN
Ningún modelo económico se justifica sin las instituciones. La sustentabilidad surge de las interacciones entre actores institucionales. El desarrollo sustentable, basado en la Agenda 2030 aprobada por la ONU, es la opción más realista para avanzar hacia un orden económico y social más justo e inclusivo.
Para ello, el Estado y la Administración Pública deben desplegar sus capacidades para articular los recursos estatales con las capacidades de la sociedad, los ciudadanos y el mercado. Se requiere un enfoque de gobernanza colaborativa para hacer viable y funcional el modelo sustentable mediante decisiones, políticas, programas y el involucramiento proactivo de la población en apoyo a una transformación del orden vigente.
La sustentabilidad depende de capacidades económicas, tecnológicas, comerciales y financieras, impulsadas por iniciativas de programas públicos orientadas a la transparencia y la cooperación ciudadana, junto con la intervención visionaria de la Administración Pública. Es necesario adoptar nuevos referentes normativos y fácticos con instrumentos que materialicen la acción de gobernar.
2. METODOLOGÍA
El procedimiento adoptado para elaborar el artículo tiene un planteamiento normativo que relaciona las instituciones con el desarrollo. Incluye la descripción y el análisis de la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sustentable, aportando datos que indican la creciente desigualdad en asuntos económicos y sociales. Además, contempla la elaboración de un perfil del sector público para cumplir con la elaboración de condiciones de vida más prósperas y responsables en favor de la vida humana, así como la conclusión y la presentación ordenada de la bibliografía trabajada.
La pregunta de investigación es: ¿Cuál es la responsabilidad de la Administración Pública en las nuevas tareas del desarrollo económico y social?
La hipótesis es: sin la intervención activa, innovadora y eficaz del aparato administrativo público en la creación de del modelo sustentable de vida, no es factible concretar estrategias de gobierno que reviertan el patrón de desarrollo desigual y combinado que destruye los bienes públicos naturales.
3. INSTITUCIONES Y DESARROLLO
La utilidad de las instituciones es fundamental para diseñar los procedimientos de gobernanza y gestión estatal, los cuales son centrales en la conducción del ámbito vital social, económica y política. Mediante las instituciones, el manejo del conflicto y el tratamiento de sus causas, procesos y tendencias requieren normas y procedimientos que permitan desactivar los elementos que influyen en su surgimiento y consecuencias.
En este caso, gobernar significa que los actores sociales y el modelo económico en los espacios comerciales que cuenten con las condiciones indispensables que les permitan desarrollarse con estabilidad e innovación. Como bien se afirma: “si no hay una conciencia planetaria del destino común de la humanidad, no podemos avanzar hacia una sociedad mejor” (Morín, 2023). Por tanto, significa que la coordinación de las actividades comunitarias dispone de los recursos y procesos que favorecen su desenvolvimiento, de modo que la producción de riqueza y su reproducción puedan llevarse a cabo con eficacia y mediante la distribución de los beneficios sociales.
Las instituciones, en consecuencia, son el medio para que gobernar y administrar se conjuguen como un sistema de gestión pública que posibilite amortiguar los conflictos mediante instrumentos de política pública, a fin de superar los contratiempos y aminorar las contradicciones que impiden que la vida privada y pública alcancen rendimientos crecientes.
Las instituciones funcionan como un molde para frenar los excesos del individualismo mediante la vigencia de reglas generales y universales, obligatorias para los miembros de la sociedad civil. Este molde refleja que vivir en comunidad implica reconocer derechos y obligaciones, de modo que personas, grupos, empresas y organizaciones cumplan con el sentido público de su obligatoriedad.
Las instituciones son los moldes indispensables que garantizan que lo privado y lo público cuenten con certidumbre y confianza en el poder público, única instancia autorizada para formular y aplicar las reglas de interés común. Su finalidad es evitar la destrucción de la sociedad y dotar de seguridad a los derechos de propiedad (North, 1993).
El orden jurídico y político necesario para gobernar y administrar la vida en común se basa en la vigencia de normas dictadas y sancionadas por los órganos y autoridades públicas, responsables de su cumplimiento. Estas normas buscan evitar que la incertidumbre supere a la certidumbre, que el caos se imponga como modo de vida, encareciendo los costos de transacción y generando inseguridad en los derechos de propiedad, fundamentales para la dinámica y evolución de las estructuras de desarrollo socioeconómicas.
De acuerdo con North (1994), ningún sistema económico se desarrolla eficazmente sin la intervención activa del Estado para ordenar, reordenar e incentivar el comportamiento de los agentes económicos. Ningún sistema económico prospera si el poder estatal no crea las condiciones necesarias para impulsar tanto la formación como la multiplicación del capital y la riqueza. Corresponde al Estado, como institución central de la vida colectiva, gobernar y administrar mediante políticas públicas y programas administrativos, de modo que la sociedad civil tenga certeza en los intercambios de mercado concretados según la voluntad y preferencia de los agentes productivos y los sectores laborales.
Así, los intercambios de mercado se convierten en el eje que articula la producción de mercancías para formar capital y generar condiciones que favorecen el funcionamiento de la economía de mercado con base en normas jurídicas claras, permitiendo el manejo eficaz de los conflictos políticos. Estos intercambios son indispensables para que las mercancías se transformen en capital, que a su vez favorezca la producción de más mercancías, incrementando el capital inicial en volumen y magnitud.
En este sentido, la economía de mercado evidencia que las instituciones son imperativas para que los modelos de desarrollo sean de libre mercado o de Estado regulador, logren concretarse con el apoyo de políticas públicas. No es casual que las instituciones se constituyan en los pilares que requieren la sociedad y la economía para alcanzar rendimientos óptimos en el corto, mediano y largo plazo. Un orden institucional articulado y eficaz es la fórmula que la sociedad civil contemporánea necesita para que los actores económicos y productivos participen activamente en los procesos de intercambio.
De este modo, el orden institucional se caracteriza por armonizar el poder del Estado (North, 1994) con los poderes de la sociedad civil, configurando procesos constitucionales y jurídicos que permiten gobernar y administrar con reglas de interés público, pluralidad y complejidad democrática (Innerarity, 2022).
La democracia, como régimen político, es fundamental porque, al reconocer los valores de la vida individual y colectiva, establece que la libertad civil y política son necesarias para limitar el poder estatal. La construcción del orden jurídico del Estado moderno se asocia con procesos democráticos, pues determina cómo las autoridades constituidas son electas mediante el voto ciudadano, sustentando la elaboración de normas públicas a partir de los representantes políticos de la sociedad.
El orden jurídico democrático es esencial para que la sociedad civil y la economía de mercado, así como el poder estatal, operen sin invadir las esferas privada y pública con medidas que obstaculicen la aplicación de normas legales. Este orden regula el desarrollo de la sociedad civil mediante modelos económicos que mejoran sustancialmente los procesos y condiciones de vida, respaldados por reglas formalmente autorizadas y restricciones orientadas al interés público.
El orden jurídico representa la máxima elaboración de una comunidad, privilegiando lo impersonal como elemento rector de la vida asociada. Implica que las reglas institucionales, aunque de aplicación particular, conservan un sentido general y universal.
Esta característica del mundo occidental es compatible con la democracia moderna, dado que existen autoridades, órganos y jurisdicciones encargadas de garantizar su cumplimiento mediante los instrumentos del Estado de Derecho (Cossío et al., 2008). Así, derecho y democracia se enlazan en el desempeño de las instituciones modernas, constituyendo piezas clave para edificar un sistema de gestión institucional que permita que el gobierno funcione como agencia (Aguilar, 2022).
Las instituciones definen los ámbitos de actuación de la sociedad y el Estado, así como del gobierno y los ciudadanos. Las “reglas del juego” que representan las instituciones (Elster, 1989) son fundamentales para establecer límites, fronteras, ámbitos y autoridades encargadas de gobernar y administrar la vida comunitaria. Estas reglas facilitan la interacción entre lo privado y lo público, pilares esenciales en la vida institucional.
Desde este enfoque, la sociedad civil y la economía pública constituyen los cimientos de la vida moderna, y junto con el Estado, logran establecer formas de comunicación e interacción que permiten la regularidad de la vida cotidiana y la concreción exitosa de los procesos de intercambio económico y social, esenciales para el funcionamiento de las democracias.
Gobernar implica dirigir, coordinar y cumplir políticas públicas basadas en situaciones críticas que, con la intervención de las autoridades, deben resolverse tanto en lo privado como en lo público. Administrar significa dotar de bienes y servicios públicos a la sociedad civil y la economía, para que sus actividades y operaciones cotidianas no se interrumpan. En el ámbito institucional, gobierno y Administración Pública son palancas que impulsan los modelos económicos mediante políticas públicas y programas administrativos.
Por consiguiente, los modelos económicos asumen un carácter normativo y prescriptivo. Su cumplimiento depende de instituciones administrativas, gubernamentales y políticas, que son esenciales para lograr los objetivos y metas definidas con racionalidad administrativa, gubernamental y política. Todo modelo económico es una concepción de la vida, orientada a mejorarla. Este modelo establece cómo vivir más allá del presente, considerando lo privado y lo público como ámbitos para generar valor público mediante decisiones y acciones eficaces del agente gubernamental (Aguilar, 2022).
Todo modelo económico requiere instituciones, autoridades, capacidades de gestión, políticas, programas, tiempo, recursos, personas y agencias estatales para concretarse en desempeño, considerando la interacción del poder con la sociedad, sus representantes y las fuerzas productivas organizadas en la economía de mercado. Los modelos económicos no se limitan a axiomas ni teoremas; son respuestas estratégicas elaboradas con el auxilio de la ciencia y la tecnología insertadas en el valor de la política (Aguilar, 2019). La utilidad de las políticas y la capacidad de la Administración Pública para transformar enunciados, compromisos y arquetipos abarcan todas las dimensiones de la vida, incluyendo el cambio climático, que modifica su funcionamiento como consecuencia de los sistemas económicos (Castro et al., 2015).
Los modelos económicos son recursos para construir futuros de vida, definiendo intervenciones y colaboraciones necesarias para que sociedad y Estado articulen capacidades que permitan cumplir objetivos y metas acordadas entre actores económicos, políticos y sociales. El marco institucional determina cómo los modelos económicos se transforman en acciones concretas que mejoran las condiciones de vida en la sociedad.
En el marco institucional destacan dos modelos: el del bienestar a cargo del Estado y el del mercado, con predominio de la privatización como ruta hacia la prosperidad social. Ambos modelos han generado tensiones y contradicciones. El modelo del Estado de bienestar, vigente en Europa entre 1945 y 1975, se centraba en estimular la inversión pública, aplicar políticas intervencionistas, mejorar salarios y crear instituciones de seguridad social. El Estado asumía el rol principal en el desarrollo y distribución de los bienes económicos, mientras que la sociedad civil y los mercados, aunque importantes, no eran los actores principales en la producción de riqueza.
Por otro lado, el modelo de mercado como generador de riqueza se impuso a partir de los años 80. Este modelo sostiene que el Estado debe reducir su intervención en la economía, permitiendo que los agentes privados sean la base de la producción de riqueza y el bienestar social. Impulsa una gestión pública orientada al diseño y toma de decisiones de políticas liberales, en lugar de intervencionistas.
Este modelo busca evitar desequilibrios financieros y reducir compromisos sociales que generaron déficit fiscal y endeudamiento. En Occidente, los programas de bienestar social se recortaron debido a la presión política de gobiernos liberales, buscando reducir “la carga financiera para el Estado”. El bienestar se alcanza mediante capacidades individuales en lugar de apoyos estatales, marcando el inicio del neoliberalismo, que privilegia políticas liberales y reconfigura las relaciones de intercambio entre sociedad y Estado. Ambos modelos, estatista y de mercado, se implementan con el apoyo del poder estatal, convirtiéndose en políticas públicas cuyos valores y objetivos no siempre coinciden.
No obstante, el Informe del Banco Mundial (1997), “El Estado en un mundo cambiante”, coordinado por el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, señala que: “sin Estado eficaz, el desarrollo es imposible”. Se cuestiona el modelo neoliberal y se reconoce la necesidad del Estado para intervenir en la economía de mercado.
Desde la perspectiva del análisis institucional, al Estado le corresponde reducir los costos de transacción, garantizar seguridad en los derechos de propiedad, impulsar la economía de la información, manejar conflictos, hacer prevalecer las reglas formales sobre las informales, potenciar la certidumbre institucional y regular economía y sociedad civil mediante controles (Przeworski, 2001), cuidando que los límites establecidos con la sociedad, ciudadanos, mercados y Estado no se diluyan.
La relación Estado-mercado pertenece a la economía política de las instituciones (Ayala, 2001), lo que significa que los temas del desarrollo se gestionan mediante relaciones de poder y negociación. Los modelos de desarrollo económico incluyen actores, derechos, restricciones, incentivos, costos de transacción, derechos de propiedad, resolución de conflictos, instrumentos de gobernanza, agendas de compromiso, legislación, administración, procuración de justicia, burocracia, participación ciudadana y diseño de reglas para regular la economía de mercado.
Todos estos elementos se estructuran mediante políticas públicas orientadas al desarrollo económico y social, con apego a la igualdad, bienestar y calidad de vida, destacando que “toda intervención del Estado está cargada de valores” (Merino, 2010). La dinámica institucional se entiende como un sistema de reglas, normas, derechos, incentivos y restricciones que limitan tanto el individualismo como la autoridad estatal. Por ello, los modelos de desarrollo no deben valorarse solo en términos instrumentales, sino como planes y programas de vida materializados mediante cooperación y coordinación de actores públicos, privados, sociales y comunitarios, armonizando propósitos públicos con metas colectivas y considerando factibilidad e innovación colectiva (Subirats, 2021).
Los planes de desarrollo son el centro de la hoja de ruta para gobernar. Definen el sentido y la justificación del poder estatal para construir el futuro con la participación de agentes del mercado y organizaciones sociales. No son un ejercicio de racionalidad per se, sino que determinan cómo se gobierna y administran oportunidades y restricciones, concretando objetivos y metas que transforman condiciones de vida, postulando igualdad y prosperidad para la sociedad civil en su conjunto.
4. LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
En las últimas décadas se han consolidado esfuerzos para enfrentar los desafíos del mundo contemporáneo, entre los cuales destacan: 1) el aumento de la desigualdad, reflejado en el acceso limitado a servicios públicos y derechos humanos; 2) el cuidado del medio ambiente y la sobreexplotación de recursos naturales, que afectan la productividad agrícola, los fenómenos meteorológicos y la distribución de recursos hídricos; y 3) el aumento de conflictos armados y la expansión de redes criminales.
El liderazgo de la Administración Pública (AP) y su coordinación con ciudadanos, líderes cívicos, académicos, organizaciones sociales y empresarios son clave para un desarrollo inclusivo acorde con los problemas actuales. Para lograr resultados efectivos, es necesario trabajar desde una perspectiva de gobernanza que promueva el uso de inteligencia colectiva, la responsabilidad en el servicio público, el profesionalismo, la rendición de cuentas, la legalidad, la publicidad y la receptividad gubernamental, guiados por la ética y el valor público.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la ONU en 2015, es una propuesta coordinada para abordar los problemas contemporáneos y gestionar los bienes comunes globales. Continúa los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y expande su alcance a todas las naciones. La Agenda 2030 contempla 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas para transformar el mundo en ámbitos políticos, sociales, culturales, económicos y ambientales.
La Agenda abarca múltiples aspectos del ámbito público, destacando la relación de la AP con la vida comunitaria, las constituciones políticas, las leyes, las libertades civiles, la igualdad, la equidad social, la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a una vida organizada por el Estado. Así, la Agenda 2030 forma parte del quehacer público y debe implementarse bajo principios de ética pública.
Tanto los ODS como sus metas representan una forma de recuperación de la vida pública, de la cual la AP es catalizadora, ya que consideran diferentes formas de inclusión para mitigar los impactos de la desigualdad en el mundo contemporáneo, los efectos del uso desmedido de recursos naturales y la gestión de problemas mediante prácticas participativas, de cooperación y respeto hacia las comunidades.
El espacio público se redefine constantemente por actores del ámbito público y privado, tanto global como local, mediante el ejercicio gubernamental de capacidades comunicativas, contextuales, adaptativas y de resiliencia (Meuleman, 2021). Por ello, es necesario que las instituciones administrativas basen su actuar en el conocimiento profundo de la sociedad.
Los ODS promueven valores éticos al enfatizar su relación con la garantía de los derechos humanos, la justicia, la salud, el bienestar y el desarrollo ecológico, social y económico. Al entender estos elementos como bienes públicos globales, las gestiones de la AP adquieren relevancia para coordinar esfuerzos con actores nacionales e internacionales, desde una perspectiva de respeto a la diversidad multicultural y a los múltiples tratados y protocolos adoptados por los países miembros de las Naciones Unidas.
Los esfuerzos en áreas como el combate contra la delincuencia, la mitigación del hambre y la atención de problemas de salud mundial (Keitsch, 2018) deben abordarse mediante acciones íntegras que conduzcan a la redefinición del espacio público a través de la confianza y su reapropiación social.
Los avances en la implementación de los ODS son significativos; sin embargo, es necesario impulsar su ejecución con mayor compromiso, ya que las crisis económicas y sanitarias de los últimos años han detenido el progreso en diversas áreas. Al respecto, y en relación con la labor de la AP, el último Informe de los ODS (Naciones Unidas, 2023) señala:
· Si se mantienen las tendencias actuales, 575 millones de personas seguirán en pobreza extrema, y solo un tercio de los países logrará reducir a la mitad la pobreza para 2030.
· A pesar de la expansión de la protección social durante la COVID-19, más de 4 000 millones de personas siguen desprotegidas.
· En 2022, 45 millones de niños menores de cinco años sufrían desnutrición aguda.
· En 2019, 381 millones de personas cayeron más en la pobreza extrema debido a pagos directos por servicios de sanidad.
· Los progresos hacia una educación de calidad fueron limitados, y la COVID-19 afectó a cuatro de cada cinco de los 104 países estudiados.
· Se tardará 140 años para que las mujeres logren igualdad de representación en puestos de poder laboral.
· En 2020, 2 400 millones de personas vivían en países con escasez de agua.
· Para 2030, unos 660 millones de personas seguirán sin acceso a electricidad, y 2 000 millones dependerán de tecnologías contaminantes.
· En 2022, se alcanzó un récord de 34,6 millones de refugiados.
· En 2022, las muertes de civiles relacionadas con conflictos aumentaron más del 50 %.
· A finales de 2022, había 108,4 millones de desplazados forzosos, dos veces y media más que hace una década.
· En 2021, se registraron los homicidios más altos en dos décadas.
· Los países en desarrollo aumentaron su deuda externa tras la pandemia, subrayando la necesidad de alivio de deuda y asistencia financiera.
En este tenor, es importante revitalizar el espacio público desde una perspectiva ética que permita aprovechar las capacidades, acciones y conocimientos de los actores de la esfera pública y privada, así como facilitar la realización de diagnósticos críticos y propositivos para consolidar una nueva forma de hacer gobierno y fortalecer a la sociedad en condiciones de desarrollo equitativo y coherente con la vida comunitaria.
5. PERFIL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
La Administración Pública (AP) se entiende como el Estado en acción, es decir, como el conjunto de estructuras, personal, recursos, tecnología, sistemas, procedimientos y procesos que se encarga de materializar los fines colectivos. La AP es el brazo que diseña e implementa lo que se concibe como políticas, valores, objetivos y metas, y es responsable de organizar y aplicar las estrategias que buscan mejorar las condiciones de vida de la sociedad y los mercados.
Uno de los puntos clave para el cumplimiento de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), mediante políticas y programas públicos, depende en buena medida del rol de la AP en los procesos de desarrollo económico y social. Su proclama central es lograr que el bienestar social incremente progresivamente la igualdad real entre las personas, grupos, regiones y sectores que integran la sociedad civil. Para ello, la AP debe trascender los objetivos tradicionales de eficacia y eficiencia y asumir una clara dimensión social y política, promoviendo un enfoque inclusivo que permita un crecimiento económico integrador y sostenible. Este es el sentido y la orientación de la Agenda 2030 y los ODS (Arenilla, 2020).
Desde la óptica de las instituciones, la gobernanza anticipatoria (Innerarity, 2022:209), las políticas y los programas, la Agenda 2030 y los ODS deben situarse en los marcos de la racionalidad de valores y de la racionalidad de fines, evitando una valoración economicista o fragmentada, que, en lugar de ser funcional, se convierta en una traba ideológica y política que exalte problemas y soluciones de manera retórica. De nada sirve una propuesta de cambio institucional sin referirse a los medios que la AP debe aplicar desde una óptica de gobernanza inteligente (Ramió, 2019), que fortalezca lo público mediante procesos de construcción democrática, y no sólo desde lo técnico o institucional (Subirats, 2021).
Los medios son fundamentales para concretar la tarea de gobernar con eficacia y responsabilidad, a fin de responder a los imperativos del desarrollo sustentable, los cuales postulan que el crecimiento económico se logre sin destruir la naturaleza, de manera que ésta produzca los recursos necesarios para que la AP, con una visión estratégica, contribuya a modificar las condiciones indeseables de vida que afectan a numerosos habitantes.
Desde esta perspectiva, la AP inteligente (Innerarity et al., 2022) es la herramienta más importante para acreditar la capacidad de gobernar mediante acciones concretas en favor de condiciones de vida significativamente mejores, enfrentando la desigualdad, la exclusión, la marginación, el deterioro ambiental, el consumo desmedido de recursos naturales y la contaminación de lagos, lagunas, mares, océanos, ríos y esteros.
También es importante proteger los bosques, montañas y ecosistemas, fuentes naturales de vida que son clave para organizar, desde un arquetipo de sustentabilidad, los recursos, capacidades y formas de participación social y comunitaria, a fin de que la sociedad civil alcance condiciones y procesos orientados a nuevos desarrollos sustentables, con reproducción de condiciones de vida y capacidad colaborativa (Santana, 2015), coordinada por la AP.
Desde un ángulo estratégico, la AP en un sistema de gobierno abierto (Criado, 2016) se orienta a producir capacidades institucionales y organizacionales, lo que implica que no es un sistema introspectivo, sino interactivo, interdependiente y corresponsable respecto a las tareas que debe realizar con otros actores de la sociedad civil. Es un pilar clave de la acción de gobernar, da vida al proceso de gobierno y mantiene una relación bidireccional con la sociedad civil, el mercado y las iniciativas civiles, orientadas a lograr el cumplimiento de metas colectivas mediante la gestión de interdependencias, alianzas y colaboraciones jurisdiccionales (Santana, 2015).
En este sentido, las tareas del desarrollo sustentable requieren una AP ágil, adaptativa, innovadora y orientada por la cultura de lo mensurable, para aprovechar los recursos públicos escasos con decisiones fundamentadas y acciones mejor diseñadas, asegurando la implementación efectiva de políticas públicas. Desde la perspectiva de la gobernanza, la AP debe asumir que gobernar es una tarea incluyente, cooperativa y coordinada.
El siglo XXI exige que el pilar de los gobiernos democráticos se base en una AP descentralizada, interinstitucional, interorganizacional, holocrática y valorada no sólo por su capacidad operativa —racionalidad instrumental—, sino también por la generación de valor público que aporte a la producción de bienes y servicios necesarios para la vida comunitaria. Por ello, una AP efectiva se destaca por su contribución a la tarea de gobernar, basando sus actividades en relaciones de colaboración en favor de la economía de mercado y la productividad continua de la sociedad civil.
La AP debe tener como objetivo de referencia y buen gobierno la ventaja de las instituciones y el conocimiento fáctico sólido y confiable, que favorezca la toma de decisiones basada en datos, información, evidencias, argumentos y tecnologías. Considerando la relación inseparable entre costo-beneficio y costo marginal, las políticas públicas y programas deben ser sustentables y factibles, promoviendo oportunidades y restricciones equilibradas para evitar estrategias faraónicas que conduzcan a la cultura del estatismo y a obras de gobierno no justificadas ni eficientes, que dilapiden el excedente económico producido por los agentes privados y sociales.
El desarrollo sustentable debe consolidarse como un nuevo paradigma, impulsado por una AP innovadora, una gestión pública deliberativa y más efectiva, políticas públicas abiertas y colaborativas, y programas administrativos apoyados en procesos de innovación institucional y organizacional. Implica romper inercias, estancamiento, tasas bajas de crecimiento y un progreso materialista que destruye el medio ambiente, superando la dicotomía Estado-mercado y adoptando un enfoque de instituciones complementarias y coordinadas, promoviendo la “economía verde”, ya que sin protección ambiental ningún modelo económico es sostenible a largo plazo.
El desarrollo sustentable requiere combinar dos ejes clave: una visión normativa —el deber ser— y un análisis positivo —valorar, explicar y mejorar los resultados— basado en elementos mensurables que permitan corregir errores en la definición e implementación de políticas públicas.
La AP, objeto de procesos de innovación y cambio institucional, debe garantizar que los instrumentos para gobernar y sus capacidades de organización y gestión potencien la calidad de vida con un enfoque postgubernamental (Aguilar, 2019), privilegiando:
1. Mejor capacidad para conducir la sociedad y la economía de mercado.
2. Fortalecimiento de tareas de análisis de riesgo y prospectiva.
3. Dirección basada en tecnologías disruptivas como inteligencia artificial, robótica y automatización.
4. Claridad sobre su función gubernamental y responsabilidad en la gobernanza innovadora e inteligente.
5. Distinción entre estructuras, procesos y resultados, evitando la desconexión entre lo que se hace y los resultados finales.
6. Articulación de jerarquía y colaboración para multiplicar la capacidad de gobernar.
7. Comprensión de que las presiones para centralización se localizan en relaciones horizontales y generan líneas transversales de gobierno.
8. Fortalecimiento de la transparencia, rendición de cuentas y evaluación pública.
9. Reconocimiento de los ciudadanos como contribuyentes, usuarios, clientes, electores y evaluadores.
10. Adopción del gobierno abierto como principio de interacción, colaboración y co-creación con ciudadanos, economía y sociedad civil.
La AP debe aplicar políticas públicas con efecto multiplicador: “Las políticas de un país deben moldearse para que este aproveche su ventaja comparativa en conocimientos y capacidades de aprendizaje —incluida su capacidad de aprender a aprender— en relación con sus competidores y ayudar a desarrollar dichas capacidades todavía más” (Stiglitz & Greenwald, 2015).
Las políticas deben proteger la vida del planeta mediante la cooperación de los Estados y agendas de gobierno inclusivas, formalizando compromisos factibles que sumen capacidades, recursos, tecnologías e iniciativas desde la inteligencia ciudadana (Criado, 2016). Gobernar implica establecer objetivos y metas por autoridades electas democráticamente, usando la política para superar desacuerdos y alcanzar acuerdos con los distintos grupos de la sociedad civil.
La AP refiere a la capacidad de gestión necesaria para implementar políticas públicas. El desarrollo sustentable requiere articulación efectiva de la política, entendida como el arte de gobernar los propósitos públicos, mientras que la AP garantiza la concreción de los objetivos de la Agenda 2030.
La capacidad directiva (Aguilar, 2022) es clave para tomar decisiones, evaluar opciones de políticas públicas y elegir aquellas con respaldo y carácter factual. Esta capacidad exige destreza, pericia y habilidad para superar escollos, contratiempos y contingencias. Su fortalecimiento es esencial para que el desarrollo sustentable se traduzca en cumplimiento de objetivos y metas sociales, construyendo sistemas de vida que protejan el planeta y prevengan la dilapidación de recursos naturales.
Sin capacidad directiva y gestión económica adecuada, las políticas sustentables no revertirán prácticas destructivas como erosión, desertificación y agotamiento de recursos. El desarrollo sustentable depende de instituciones eficientes, creíbles y responsables, con la AP diseñando y rediseñando mecanismos que combinen medios y fines de manera inteligente y creativa.
El desarrollo sustentable depende de la calidad institucional, es decir, de las reglas del juego que guían los procesos de gobierno y gobernanza. El compromiso inteligente de la AP con la Agenda 2030 es esencial, ya que los 17 programas que la integran dependen de su capacidad directiva y operativa (Ramió, 2021).
La AP debe atender desafíos como emisión de aerosoles, agotamiento del ozono, uso de plásticos, materiales radiactivos y emisiones de carbono, mediante legislación y regulaciones efectivas. América Latina, por ejemplo, cuenta con 80 millones de personas en pobreza extrema y 180 millones al límite de la supervivencia (Bárcena, 2023). Sin consolidación del Estado de Derecho, no es posible reorientar políticas dañinas (O’Donnell, 2001:50). En este contexto, la AP requiere amplia capacidad institucional.
6. CONCLUSIONES
La responsabilidad de la Administración Pública (AP) radica en la construcción de futuros prometedores. Debe generar vida y desarrollo en los ámbitos privado, público y social, comprometiéndose con el sentido de la vida a corto, mediano y largo plazo. Por ello, las capacidades estratégicas que aplica constituyen la base para gobernar con previsión y prevenir riesgos que puedan derivar en crisis, decadencia o declive.
Asimismo, el logro de los objetivos del desarrollo sustentable depende, sin duda, de la efectividad de las instituciones, de los arreglos políticos, de la factibilidad de las políticas públicas y del rol innovador de las administraciones públicas para operacionalizar las capacidades de gestión. Su base de referencia debe ser el contenido del modelo sustentable, que orienta las acciones hacia un desarrollo integral.
En concordancia con lo anterior, los valores, objetivos y metas del desarrollo sustentable requieren la existencia de economías sanas, prósperas y responsables, capaces de evitar el agotamiento de los bienes públicos y naturales. En este contexto, para la AP es imperativo reformular las estrategias de gobierno a favor de una convivencia más productiva, equitativa e inclusiva.
Cabe señalar que los esquemas de “más Estado y menos mercado” o de “más mercado y menos Estado” resultan insuficientes en un mundo interdependiente e interrelacionado, que demanda un gobierno cooperativo. Ni el mercado ni el Estado, por sí solos, pueden asumir las tareas del desarrollo sustentable. Para un buen gobierno, se requiere un enfoque articulador de los espacios públicos, privados y sociales, comprometidos con la calidad de vida y la sostenibilidad del planeta.
Desde la perspectiva de la gobernanza, la sociedad, los ciudadanos, el mercado y el Estado deben implementar políticas públicas colaborativas, cimentadas en una AP innovadora y estratégica, orientada a la generación de nuevas acciones públicas. Gobernar no significa actuar desde instituciones estatales aisladas, sino desde un compromiso con procesos de co-creación y cooperación.
Por tanto, la capacidad directiva y operativa de la AP debe apoyarse en decisiones y acciones que acrediten la voluntad de mejorar la gestión pública, con el propósito de diseñar e implementar políticas que impulsen el desarrollo sustentable. En este sentido, la AP debe aportar capacidades innovadoras y visionarias, que contribuyan a la construcción de un orden económico, social, político, ambiental y cultural que haga efectivos la igualdad y el bienestar en sociedades democráticas y en el marco del Estado de derecho.
Finalmente, los desafíos que enfrenta la humanidad ante los efectos devastadores del cambio climático encuentran una respuesta constructiva en la implementación de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta constituye una opción estratégica para prevenir daños mayores que podrían resultar catastróficos en un mundo en transformación. La visión del desarrollo sustentable se erige como un pilar central, enfatizando la protección del planeta. En este marco, los objetivos y metas de la Agenda no solo son indispensables, sino también esenciales de cumplir mediante administraciones públicas eficaces, que fortalezcan los procesos de gobierno y gobernanza, reformulen problemas y busquen soluciones que eviten el colapso de la vida en común.
CONTRIBUCIONES DE AUTORES
Ricardo Uvalle Berrones: Conceptualización; Investigación; Supervisión; Redacción – borrador original.
Rina Marissa Aguilera Hintelholher: Conceptualización; Investigación; Metodología; Redacción – borrador original.
Alicia Monserrath Islas Gurrola: Conceptualización; Investigación; Redacción – borrador original; Redacción – revisión y edición.
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