Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú)

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México es un país de gran riqueza cultural, la cual se puede observar en sus sitios arqueológicos y en sus lugares históricos, entre los cuales resaltan sus centros históricos, muchos de los cuales han sido nombrados Patrimonio Cultural de la Humanidad por UNESCO.

Está organizado en 32 estados federales, los cuales se encuentran regidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que plantea que cada uno puede tener su propia constitución y gobierno. Sin embargo, cada estado declina su soberanía externa y transfiere determinadas facultades internas a favor de un poder central, que ejerce autoridad sobre cada uno. A su vez, cada Estado es autónomo y se autogobierna según su constitución, por lo que las políticas de cada uno varían.

Estos estados se dividen en municipios, instancia responsable de velar por los servicios básicos y que, en coordinación con el gobierno estatal y federal, puede asistir en educación, servicios de emergencia, servicios de salud, protección ambiental, y mantenimiento de monumentos y sitios históricos. Entre estas atribuciones se encuentra la realización de políticas culturales en favor de la protección y preservación del patrimonio que alberga.

Las políticas culturales tuvieron sus inicios en 1824, con la búsqueda de una identidad nacional (Trager, 2015) que se intentó construir tomando como base la revaloración del patrimonio prehispánico. Posteriormente, se comenzó a otorgar valor también la arquitectura del periodo virreinal, cuyo registro y conservación se inició desde una mirada de sincretismo cultural en la primera mitad del siglo XX. Durante el resto del siglo las políticas culturales mexicanas estuvieron orientadas a la integración cultural, denominada nacionalismo revolucionario, planteamiento que promovía una cultura única como sustento de la nación, cuyo origen se remonta a la Independencia.

En 1921, se creó la Secretaría de Educación Pública, que diseñó una estrategia integral de cultura. Luego, en las décadas de 1930 y 1940, se crearon diversas instituciones culturales, como el Fondo de Cultura Económica. En la década siguiente, se desarrollaron los medios de comunicación audiovisuales masivos: la televisión y el cine mexicanos. En 1958 se creó la Subsecretaría de Cultura (antecedente del actual Consejo Nacional para la Cultura y las Artes), lo cual dio inició a un proceso de articulación de varias instituciones, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes (Rodríguez, 2008).

A partir de 1980, tuvieron lugar las primeras manifestaciones de la consolidación de las políticas culturales mediante las cuales el Gobierno se convirtió en garante del patrimonio y de su promoción. Esta consolidación se fortaleció en 1982, cuando México fue sede de la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales de la UNESCO (Rodríguez, 2008), lo que conllevó a la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Esta institución tiene como labor coordinar instituciones y dependencias que anteriormente dependían de la Secretaría de Educación Pública, así como a una amplia variedad de institutos.

Durante esta etapa, el Estado desarrolló una serie de planes en los cuales se incluye a la cultura como un elemento importante para el desarrollo del país. En el principal, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (México), se plantea ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos. De igual forma, está presente la mención al patrimonio natural, y se plantea como objetivo impulsar y orientar un crecimiento “verde”, incluyente y facilitador, que preserve el patrimonio natural al mismo tiempo que genera riqueza, competitividad y empleo.

En torno al tema de la cultura, el Estado ha desarrollado otros planes y programas, como el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 o el Programa Institucional a Mediano Plazo 2014-2018 del INAH. Estos planes buscan promover y difundir el arte y la cultura, desarrollar la investigación para promover el conocimiento de la cultura nacional, fomentar la protección del patrimonio cultural y establecer políticas de conservación del patrimonio cultural, entre otras acciones en beneficio de todo su patrimonio.

En el año 1991, el INAH planteó las Declaratorias de Zona. Mediante estas se definían las áreas correspondientes a los centros históricos tomando en cuenta no solo los edificios históricos, sino también los correspondientes a otras épocas, así como las áreas que colindan con estos. A partir de entonces, sus labores estarían regidas por un criterio zonal, y trabajaría la imagen urbana, los usos de suelo y la infraestructura. Mediante esta nueva perspectiva, se buscó establecer estrategias de conservación del contexto urbano tomando en cuenta aspectos importantes antes ignorados, como los aspectos social, político y económico, tal como lo señala García (2008), lo cual trajo como consecuencia que los trabajos de intervención tomen un carácter claramente interdisciplinario.

La gestión de centros históricos en México

El término gestión cultural, pese a haber sido forjado recientemente, ha sido definido por diversos autores. En el presente artículo se utilizará la definición de Alfons Martinell, que se considera la más adecuada:

La gestión es una forma de entender la acción dentro de la complejidad, un lenguaje complejo que nos aleja de la estricta casualidad de los hechos o la rutina del mantenimiento y nos acerca mucho más al concepto de política (entendida como opción). La gestión reclama la capacidad de definir objetivos y diseñar el proyecto como eje y metodología de la acción. La gestión exige cierto gusto por la autonomía para decidir el curso de la acción, y libertad para resolver los problemas que emergen en la ejecución. La gestión se aproxima a una cierta creatividad en la búsqueda de alternativas e innovación, con una gran sensibilidad de atención al exterior y a los procesos de su contexto Y específicamente en el sector cultural, gestionar significa una sensibilidad de comprensión, análisis y respeto de los procesos sociales en los que la cultura mantiene sinergias importantes. La diferencia entre la gestión genérica de cualquier sector productivo se encuentra en la necesaria capacidad de entender los procesos creativos y establecer relaciones de cooperación con el mundo artístico y sus diversidades expresivas. La gestión de la cultura implica valorar los intangibles y asumir la gestión de lo opinable y subjetivo circulando entre la necesaria evaluación de sus resultados y la visibilidad de sus aspectos cualitativos. La gestión de la cultura debe encontrar unos referentes propios de su acción, adaptarse a sus particularidades y hallar un modo de evidenciar, de forma muy distinta, los criterios de eficacia, eficiencia y evaluación. (2001, p. 12)

Entonces, la gestión cultural es la generación de proyectos de manejo de las diversas manifestaciones culturales entendidas desde su contexto, con la finalidad de la protección y difusión de las mismas, sobre la base de valores determinados por la sociedad. Esta se materializa en un plan de gestión, en el que se incluye la identificación, documentación, preservación y divulgación. Además, debe partir del amplio conocimiento del contexto del patrimonio, porque a este le obedecen circunstancias particulares, que son las que definen la valoración del patrimonio.

Los centros históricos en México

La UNESCO define a los centros históricos como “asentamientos humanos vivos, fuertemente condicionados por una estructura física proveniente del pasado, reconocibles como representativos de la evolución de un pueblo” (1977, p. 13). Es decir, se trata de espacios habitados por personas y no solo por edificios, por lo que debe evitarse una visión monumentalista, pues no se constituyen únicamente como espacios de exposición de bienes patrimoniales, sino que deben ser espacios donde las personas puedan desarrollarse plenamente.

Basándose en el concepto propuesto por la UNESCO, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) define a los centros históricos como “espacios fundacionales de nuestras ciudades que albergan un invaluable patrimonio arquitectónico, histórico, cultural, económico y social. Son un auténtico legado material e inmaterial que cada generación debe conservar y transmitir a las futuras generaciones” (s. f.). Como se observa, este concepto amplía el planteado por la UNESCO, al señalar los valores que consideran existen y son más importantes en los centros históricos, e insertando las nociones de conservación y trasmisión del patrimonio.

Este concepto es la base para las políticas culturales establecidas hasta el día de hoy por parte del Estado. Al respecto, Carrión (2000) señala que el patrimonio debe ser traspasado de forma social, pero que ello debe suceder incrementando el valor de este en el proceso de transmisión; por lo tanto, las interrelaciones que establecen los actores con el patrimonio serán las que lo mantendrán a través del tiempo como consecuencia de la generación de vínculos y la suma de nuevos valores que estos le puedan dar, constituyendo así la memoria colectiva de la sociedad. Ferrer (como se citó en Trotiño, 2003) señala que los centros históricos son depositarios de la memoria urbana, y deben considerarse como realidades urbanas vivas y parte del sistema urbano. Estos conceptos forman parte de la definición empleada por el Gobierno mexicano para generar políticas que conserven y resalten los valores arquitectónicos, históricos, culturales, económicos y sociales de sus centros históricos.

Si bien las adiciones indicadas suman al concepto esbozado por la UNESCO, la definición empleada en México parece dejar de lado la cuestión de la evolución del espacio. Trotiño (2003) resalta la multifuncionalidad actual, ya que los centros históricos no han permanecido estáticos, sino que han ido cambiando, y ha tenido lugar la reutilización de las edificaciones. Lamentablemente, la deficiente gestión en muchos centros históricos no ha permitido que esta reutilización ocurra, o bien se ha hecho de manera desordenada, y ha afectado el patrimonio y la calidad de vida de las personas.

Al realizar la gestión de un centro histórico, este debe ser considerado en su totalidad, no únicamente como un espacio que alberga monumentos. Como se señaló líneas arriba, se trata de un espacio vivo y de interacción humana, donde la población hace un uso diferenciado del espacio. Esta población responde a contextos sociales diferentes, y es en sus espacios de interacción donde expresa toda la influencia que reciben los individuos, no solo en su relación con otras personas sino también con el medio que los rodea. En ese sentido, los centros históricos pueden considerarse un termómetro de la sociedad, que muestra los síntomas de la ciudad. Por ello es crucial tener una visión integral de ciudad, que tenga en cuenta cada uno de los aspectos que entran en juego. Ello obliga a emplear un enfoque integral, que implica no perder de vista otras temáticas, como el ordenamiento urbano, y la garantía de condiciones básicas para el bienestar de las personas, como el acceso a agua, desagüe y estructuras en óptimas condiciones.

Este trabajo se desarrolló a partir de la recopilación de bibliografía asociada al Centro Histórico de San Luis de Potosí. Para la ejecución del análisis primero se presentará el marco geográfico, político, social y económico de México, lo cual ayudará a entender el contexto dentro del que se establecen los lineamientos del gobierno en cuestión de sus políticas culturales. Comprender la realidad en la que se circunscribe el Centro Histórico de San Luis de Potosí permite conocer la visión del Estado central y de los gobiernos locales sobre el patrimonio y, específicamente, sobre los centros históricos del país.

Los centros históricos de México

México es uno de los países con más centros históricos reconocidos. Diez de ellos forman del Patrimonio Cultural de la Humanidad: Ciudad de México, Campeche, Guanajuato, Morelia, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlacotalpan, Zacatecas y San Miguel Allende.

Los espacios que actualmente se han convertido en los centros históricos fueron un eje importante dentro de la formación de las ciudades, ya que albergaban las principales instituciones y actividades económicas. Sin embargo, esta situación ha cambiado debido a una serie de problemas que los han ido afectando: procesos de despoblamiento, elevados niveles de pobreza y exclusión social, viviendas deterioradas y espacios públicos degradados, falta de mecanismos que garanticen su sostenibilidad económica, social y ambiental, y debilidad de políticas públicas de movilidad, transporte, manejo de residuos sólidos, alumbrado, seguridad pública, infraestructura y equipamiento (Abrin, 2008; Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo, s. f.).

La gestión de los centros históricos se realiza a partir del marco normativo existente, el cual organiza y define cuáles son las entidades responsables a nivel federal, estatal y municipal. Este marco, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, promueve la protección, investigación y recuperación de bienes patrimoniales de carácter arquitectónico. Asimismo, especifica quienes son los encargados del manejo administrativo del centro histórico, labor que recae en el INAH, la Coordinación Técnica Estatal de Protección del Patrimonio Cultural (Cotepac), la Secretaría de la Cultura (Secult), la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) (Vázquez, 2009).

Las entidades anteriormente mencionadas también cumplen la función, junto a otros actores interesados en el patrimonio (ayuntamientos, Gobierno del Estado, habitantes de las diferentes localidades, etc.), de discutir sobre las intervenciones orientadas a rescatar, rehabilitar o restaurar el centro histórico; llegar a un acuerdo según los criterios que maneja el INAH; y, de esa manera, presentar en conjunto una propuesta que indique la intervención más adecuada (Baena, 2008).

En la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas existen algunos artículos que hacen referencia a uno de los principales actores: los propietarios de los bienes inmuebles declarados, quienes se ven en la obligación de conservarlos y, de ser necesario, restaurarlos previa autorización. Al respecto, se señala que los propietarios que realicen estas labores están exentos de pagar impuestos prediales, pero, pese a ello, esto no ha tenido gran repercusión en la población, debido a que en comparación con el costo de los procedimientos que deben realizarse para la recuperación de sus inmuebles, el monto del impuesto no es significativo (Zárate, 2008). En el caso de que los propietarios no puedan asumir estas labores, es el instituto competente el que debe efectuar las obras de conservación y restauración, y hacerse cargo del costo la tesorería de la federación. Sin embargo, debido al poco presupuesto disponible, es casi imposible realizar dicha tarea. Así mismo, sobre los inmuebles colindantes se señala que, en caso de querer realizar obras, se debe obtener un permiso por parte del INAH.

Otro instrumento de protección que se ocupa de los centros históricos es el Programa Nacional de Conservación del Patrimonio Arqueológico e Histórico del INAH. Este programa realiza la identificación y catalogación del patrimonio cultural del país, así como la protección de zonas y monumentos mediante declaratorias. Así mismo, formula los conceptos y técnicas de restauración y mantenimiento en los centros históricos, y propone el uso que debería tener cada zona y los monumentos que la conforman.

Además de leyes y programas, es necesario contar con respaldo económico para poder hacer efectiva la conservación a través del tiempo. Al ser los centros históricos lugares que reciben gran cantidad de visitantes, se decidió crear una serie de apoyos económicos que fomenten las labores asociadas a su protección y difusión. En 1989 la Secretaría de Turismo creó el Fondo Mixto Ciudades Coloniales, destinado a la conservación de las ciudades coloniales y sus centros históricos, que agrupa a 44 ciudades de las más de 100 que se fundaron durante la Colonia (Sánchez, 2000).

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Social, mediante el programa Hábitat en la Vertiente Centros Históricos, trabaja el mejoramiento del entorno urbano, lo cual incluye la preservación, conservación y revitalización de los centros históricos inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco (Secretaría de Desarrollo Social, 2014). Para este fin, se otorga hasta el 70 % del costo del proyecto desde la fuente federal y al menos el 30 % del costo del proyecto se financia con el fondo local. A su vez, en la Ley de Monumentos se estipula que la autoridad local puede ofrecer estímulos fiscales y facilidades administrativas a propietarios cuyo interés sea la rehabilitación de estos (Covarrubias, 2009). Existe también el programa Pueblos Mágicos, el cual brinda financiamiento tripartito (federal, estatal y municipal) para proveer infraestructura turística y mejorar la imagen urbana, entre otras acciones necesarias en los centros históricos.

El centro histórico de San Luis de Potosí

El estado de San Luis de Potosí se ubica en la parte centro oriente de México, entre los 21° 09' 35" y los 24° 33' 25" de latitud norte y los 98° 19' 40" y 102° 17' 30" de longitud oeste. Por el Sur limita con los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz e Hidalgo; y por el Oeste limita con Querétaro, Guanajuato, Jalisco y Zacatecas (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 1985). Actualmente se encuentra dividido políticamente en 56 municipios, y San Luis de Potosí es el principal, pues es la capital estatal. Además, en este estado concentran la mayor parte de las actividades como el comercio, la agricultura, la ganadería y la minería, y están concentrados los medios de comunicación y transporte (INEGI, 1985; Secretaría de Turismo [SECTUR], 2015).

Al igual que el resto de México, se trata de un espacio de gran riqueza cultural, puesto que fue habitado desde la época de cazadores-recolectores por numerosos grupos humanos como los guachichiles, quienes formaban parte del pueblo denominado como chichimeca, que dominó el centro-norte de México (H. Ayuntamiento de San Luis de Potosí, 2003). Al llegar los españoles, se generaron grandes cambios en las dinámicas sociales de las poblaciones locales. Los primeros en llegar fueron los franciscanos; fue uno de sus miembros, fray Bernardo Coussin, quien le dio el nombre que hasta ahora conserva el valle, en honor del Rey Santo del siglo XIII (H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, San Luis de Potosí, 2003). En 1550 se produjo la guerra entre chichimecas y españoles, la cual llegó a su fin gracias a la labor conjunta de fray Diego de la Magdalena y el capitán Miguel Caldera, quienes pactaron la paz. Esto condujo a que en 1590 se estableciera un asentamiento de indígenas denominado Puesto de San Luis (H. Ayuntamiento de San Luis de Potosí, 2003; Vázquez, 2009).

Después de la culminación de la guerra, se descubrió la riqueza minera de la zona, que contaba con vetas de oro y plata en el Cerro de San Pedro. La presencia de estos minerales generó un considerable movimiento migratorio hacia el lugar, lo cual generó un aumento poblacional repentino que sobrepasó la capacidad de las instalaciones del Puesto de San Luis, insuficientes y poco adecuadas para los nuevos pobladores. Por ello, se decidió trasladar a todos a un nuevo poblado: San Luis Minas del Potosí, fundado el 3 de noviembre de 1592, así nombrado en alusión a las minas de oro en Bolivia (H. Ayuntamiento de San Luis de Potosí, 2003; Zárate, 2008; Vázquez, 2009).

El primer alcalde de San Luis de Potosí fue Juan de Oñate, quien planteó el trazo del pueblo y asignó los solares a los propietarios, definiendo diversas áreas: administrativas, religiosas, habitacionales, entre otras (Zárate, 2008; Vázquez, 2009). En las afueras se crearon villas de indígenas, en las cuales habitaban pobladores de diferentes grupos étnicos. Con el tiempo se conformarían los siete barrios tradicionales de la ciudad: Tequisquiapan, Santiago del Río, Tlaxcala, El Montecillo, San Sebastián, San Miguelito y San Juan de Guadalupe (H. Ayuntamiento de San Luis de Potosí, 2003).

Durante el siglo XVII llegaron a la ciudad otras órdenes religiosas que construyeron sus edificaciones en el núcleo de la ciudad. Así, el pueblo fue creciendo y transformándose. Además, se incorporaron otras actividades económicas además de la minería, como el comercio, la agricultura y la ganadería (Figura 1).

En 1656 se le otorgó al pueblo el título de ciudad. Ya en el siglo XVIII, la ciudad cobró mayor importancia, debido a la construcción nuevas edificaciones como la Caja Real, La Alhóndiga, el Santuario de Guadalupe y el conjunto Carmelita, entre otras. De forma paralela, se empezaron a desarrollar las haciendas, las cuales serían la base de la economía regional hasta principios del siglo XIX (H. Ayuntamiento de San Luis de Potosí, 2003).

La ciudad ha ido cambiando a lo largo del tiempo, lo cual ha quedado evidenciado en los diversos planos que aún se conservan (H. Ayuntamiento de San Luis de Potosí, 2003; Zárate, 2008). El plano más antiguo corresponde a 1594, y en él puede apreciarse la ubicación de la ermita de la Santa Vera Cruz (actualmente la Compañía y la capilla de Loreto), la iglesia parroquial (actual catedral), la ermita de San Francisco y el convento de San Francisco (actual templo y convento del mismo nombre), así como un cuerpo de agua natural, una laguna que se extendía en el terreno que abarca desde la actual plaza del Carmen hasta la plaza de San Juan de Dios.

En el plano siguiente, del año 1797, puede observarse el crecimiento del centro histórico y de los conocidos siete barrios tradicionales. Además, puede apreciarse cómo el centro estaba delimitado de forma natural por dos corrientes de agua, el canal en la actual calle de Reforma y la zanja De los Tepetates (en las actuales calles de Miguel Barragán y 10 de Mayo); las vías del ferrocarril; y la Alameda Juan Sarabia. Aparecen también en el plano nuevas construcciones que concentraban las actividades socioeconómicas y religiosas de la ciudad.

En el plano que registra la distribución de la ciudad en el año de 1849, se aprecia la unión de los antiguos pueblos de Montecillo, Tlaxcala, Santiago, San Sebastián y San Miguelito a la mancha urbana (ver Figura 2). Luego, en el plano de 1891, resalta el tranvía que recorría las principales calles de esa época.

Durante el siglo XVII se levantaron varias edificaciones, entre las cuales las más representativas son las de carácter religioso. Destacan la iglesia de la Compañía, construida por jesuitas en 1675, y el edificio central de la Universidad de San Luis de Potosí. También son notorios el ex Convento de San Francisco del siglo XVII (actual Museo Regional Potosino), el Templo de Nuestra Señora de los Remedios y del Sagrado Corazón, el Templo de la Tercera Orden, el Templo de San Juan de Dios y el Templo de San Agustín (Zárate, 2008; Vázquez, 2009).

En el siglo XVIII se edificó la Capilla de Loreto (considerada una de las mejores capillas que en México tuvo la Compañía de Jesús), la Capilla de Aránzazu, la Casa de la Virreina, la iglesia de Catedra, el Palacio y La Alhóndiga. Un ejemplo de arquitectura civil de la época es el Edificio de la Real Caja (ver Figura 4), organismo destinado a recaudar el quinto de los metales beneficiados, cuota que correspondía al Rey de España.

Aparecen nuevos espacios en el siglo XIX (ver Figura 3), como el Jardín Guerrero o la Plaza de San Francisco, y nuevas edificaciones, como el templo de Nuestra Señora de la Salud y del Espíritu Santo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el Palacio Municipal, el Teatro de la Paz, el teatro Alarcón y la alameda Juan Sarabia. Ya en el siglo XX se construyen el Edificio Ipiña, el Palacio Monumental, la plaza Aránzazu, el Palacio de Cristal, el Mercado Hidalgo, la explanada Ponciano Arriaga, el Mercado República y el Museo Nacional de la Máscara.

El centro histórico es un lugar donde es posible observar los diversos procesos culturales por los cuales pasó la ciudad, y debe ser gestionado para que sea un espacio no solo con valor histórico, sino uno que aporte a las necesidades de los habitantes actuales y, a su vez, permita generar un espacio de armonía con las nuevas manifestaciones y elementos culturales que los vecinos crean y crearán.

Ante esta riqueza cultural, vale la pena preguntarse cuáles han sido las acciones que se han realizado para su conservación. En 1993 se creó el Plan Parcial de Conservación del Centro Histórico, que tenía como objetivo orientar las acciones de planeación, conservación y mejoramiento del centro histórico de la cuidad (Zárate, 2008). A partir del año 1997 se inició la catalogación de inmuebles con características de valor patrimonial e histórico ubicados dentro del perímetro del centro histórico a cargo del INAH, con el fin de presentarla a la UNESCO para que fuese declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Como parte del trabajo de recuperación fue necesaria la creación del Consejo Consultivo del Centro Histórico de la ciudad de San Luis de Potosí en el año 2000, el cual tiene el objetivo de velar por la investigación, protección, conservación, restauración, mejoramiento, recuperación e identificación del patrimonio urbano arquitectónico del estado. Luego, en 2005, se comenzaron las obras de remodelación en el centro histórico, con el objetivo de que sea nombrado Patrimonio Cultual de la Humanidad por parte de la UNESCO. Las obras se iniciaron con la remodelación de un tramo de la calle Morelos (entre la calle Álvaro Obregón y la avenida Universidad), y de las calles transversales Los Bravo, Manuel José Othón, Agustín Iturbide y Vicente Guerrero (tramos entre la calle Escobedo y la calle Morelos). Se realizaron trabajos en el cableado subterráneo de teléfono, televisión por cable y electrificación; se cambiaron las redes de agua potable y drenaje, tomas y cargas domiciliarias; se instaló infraestructura contra incendios y se regeneró banquetas (Zárate, 2008). Además, en 2006 se delimitó el centro histórico de San Luis de Potosí: hacia el Oeste y el Norte, el límite es la Av. Reforma; al Este, la Av. 20 Noviembre; al Sur, la Av. Constitución y la calle 1º de Mayo (Zárate, 2008). Para asegurar la preservación del centro histórico también se realizaron otras acciones, como el mantenimiento de edificios, monumentos, plazas públicas, parques y otros, para incorporarlos al contexto urbano. Además, se realizó la zonificación para garantizar las condiciones de calidad del medio ambiente según las condiciones de desarrollo urbano.

También se realizaron cambios en la señalización, usando la normativa que se aplica en las ciudades declaradas Patrimonio Cultual de la Humanidad, actividad de la que se hicieron responsables la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Cultura de Gobierno del estado, el Ayuntamiento, Tránsito Municipal y el INAH. Además, se instaló un sistema de iluminación escénica que transformó el complejo arquitectónico de la Plaza del Carmen, y convirtió a San Luis de Potosí en la primera ciudad mexicana en formar parte de la asociación internacional Ciudad Luz. De esta manera, se logró que se retome el uso de casas como comercios; y que los comercios establecidos incrementen sus horas de servicios y con ello el horario de uso de las plazas públicas; por lo tanto, se transformó la relación de la población con el centro histórico.

En los registros de los informes de gobierno, se puede identificar cinco estrategias empleadas en lo que respecta a la conservación del patrimonio (Zárate 2008). Estas fueron la creación del Consejo Consultivo, la catalogación, la remodelación, la implementación de señalización y la iluminación escénica.

Finalmente, en agosto de 2010, San Luis de Potosí fue reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad, pero no como centro histórico, aunque fue incluido dentro del Camino Real de Tierra Adentro como una de las nueve ciudades que forman parte de la ruta que inicia en la Ciudad de México y concluye en Chihuahua. Este camino fue la primera ruta cultural terrestre trazada por los españoles en América, la cual servía para transportar la plata extraída de las minas de Zacatecas, Guanajuato y San Luis de Potosí. Aprovechando esta denominación, la ciudad buscó convertirse en un foco turístico, haciendo énfasis en el turismo religioso, concretamente en la celebración de la Procesión del Silencio. Con ello se buscó fundamentar y realizar la primera solicitud para la inscripción en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, bajo el expediente “San Luis de Potosí, una Ciudad de Traza Procesional”. Ese proceso no pudo concretarse, ya que en ese momento la UNESCO daba prioridad a las nuevas categorías de patrimonio, como los itinerarios culturales, y los paisajes naturales y culturales (Arista, Iriarte & Barrera, 2016).

Todas estas labores fueron realizadas por la administración del centro histórico, la cual se encontraba formada por diversos actores pertenecientes al sector público y a la sociedad civil (Vázquez, 2009). Entre los actores involucrados a nivel nacional se encuentra el INAH, el cual ha realizado trabajos de conservación del patrimonio y la catalogación de los inmuebles con valor histórico del centro histórico; y la Coordinación Técnica Estatal de Protección del Patrimonio Cultural (COTEPAC) que, entre sus principales funciones, cuenta realizar estudios de preservación, protección, proyección y declaración de patrimonio en todo el estado de San Luis de Potosí. También intervinieron en las labores de conservación las Secretarías de Desarrollo Urbano Vivienda y Obras Públicas, cuya labor consiste en hacer recomendaciones y plantear acciones a llevar a cabo para la revitalización y remodelación del centro histórico. Además, intervino la Secretaría de Cultura, que mediante el Departamento de Protección del Patrimonio coordina y asesora las acciones que se llevan a cabo sobre los inmuebles de valor histórico y cultural, y, mediante la Secretaría de Turismo, se encarga de la promoción del centro histórico, y del turismo cultural a nivel nacional e internacional.

A nivel municipal, la Dirección de Desarrollo Urbano realiza directamente las obras de remodelación y de revitalización del centro histórico. Tomando las recomendaciones de las dependencias antes mencionadas, desarrollaron el Plan Parcial de Conservación del Centro Histórico. Otros actores que también se encuentran involucrados en este proceso son los comerciantes que están registrados ante las Cámaras de Comercio, quienes cuentan con mayor peso en comparación al resto de la sociedad civil, en la toma de decisiones respecto de las actividades o acciones que se realizan en el centro histórico. Por último, están los comerciantes ambulantes, que no intervienen con recursos, sino que más bien suelen ser un problema para las actividades de protección (Zárate, 2008).

Asimismo, se encuentran involucradas varias organizaciones civiles como el Consejo Consultivo, el cual coordina con las diferentes dependencias que intervienen en el centro histórico; Pro San Luis Monumental, cuya función es la difusión ante la sociedad como defensor del patrimonio; el Patronato Pro-rescate y Preservación del Patrimonio Arquitectónico del Estado, que aboga por el recate y la valoración de los monumentos históricos; y la Asociación Pro-defensa del Patrimonio Cultural y Artesanal Potosina, que realiza labores de difusión, y ejerce presión respecto del recate y valoración de los inmuebles históricos de San Luis de Potosí (Vildosola, 2006; H. Ayuntamiento de San Luis de Potosí, 2015).

Entre los principales documentos que se han generado para la ejecución de la gestión se encuentran el Plan de Centros de Población Estratégicos de las ciudades de San Luis de Potosí y Soledad de Graciano Sánchez del año 2003, el cual tiene como marco de acción la zona metropolitana de la ciudad, e incluye acciones sobre el patrimonio histórico y cultural. Este documento aún se encuentra vigente, y está en proceso de actualización para la mejora de la gestión y financiamiento que este plan requiere. Además, se cuenta con el Plan de Desarrollo Urbano de San Luis de Potosí 2001-2020, donde se integran un conjunto de estudios, políticas, normas técnicas, disposiciones e instrumentos con el objetivo de generar el desarrollo integral de los asentamientos ubicados en el estado (Vázquez, 2009; SECTUR, 2013).

Al nivel municipal, se cuenta con el Plan Parcial de Conservación y Desarrollo del Centro Histórico, realizado por el Consejo Consultivo, el cual se ha ido actualizando desde la época que fue creado, en 1993. En este documento se señala los requisitos y alcances de conservación necesarios, y el proceso de crecimiento del centro histórico. Por ejemplo, se dan disposiciones en relación con la construcción de vivienda, infraestructura y equipamiento, así como, la adquisición, asignación y destino de los inmuebles de propiedad pública (Vildosola, 2006; Vázquez, 2009). Es el principal elemento técnico, jurídico y legal que ha sido derivado del profundo conocimiento del área de estudio, cuya finalidad es ordenar el desarrollo urbano del perímetro de protección del patrimonio histórico y cultural de la ciudad. El contenido está determinado por la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, es congruente con los ordenamientos normativos vigentes, e incide directamente en la oportuna y adecuada conservación del patrimonio histórico y cultural de la ciudad, puesto que ayuda a la determinación de los usos de suelo dentro de esta (Vázquez, 2009). Este documento, también define el área para la aplicación del Plan Parcial, la cual se estableció el 19 de diciembre de 1990 mediante la emisión de un Decreto Presidencial en el cual se declara una Zona de Monumentos Históricos conformada por los perímetros A y B. Estos perímetros abarcan solo la parte central de la ciudad y un listado de 260 inmuebles Monumentos Históricos, de manera que quedan excluidos los siete barrios tradicionales.

El perímetro A incluye la Zona de Monumentos Históricos de la Ciudad de San Luis de Potosí, delimitada mediante el Decreto Presidencial del 19 de diciembre de 1990. Este fue declarado por la UNESCO como parte del Itinerario Cultural Camino Real de Tierra Adentro, que incluye a la ciudad de San Luis de Potosí y a la hacienda La Parada, y fue inscrito el 1 de agosto de 2010 en la reunión 34 del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO llevada a cabo en Brasil. En cuanto al perímetro B, este incluye una zona de ampliación, vigente a partir de septiembre de 1993, delimitada por las calles Reforma, 20 de Noviembre, Manuel José Othón, Universidad, Av. Constitución, 1 de Mayo y Pascual M. Hernández.

El gobierno estatal y municipal generó, en conjunto, el documento del Proyecto de Revitalización del Centro Histórico, del cual surgió el programa Enlazando Costumbres, dirigido al rescate del patrimonio tangible e intangible. Este programa contemplaba la conservación y rehabilitación de la imagen urbana, además de indicar la realización de un enlace de las tradiciones históricas, culturales, religiosas y populares de la ciudad. Para ello, este programa dividió el área protegida para la aplicación de los recursos en dos zonas, una monumental y otra tradicional (Arista, Hiriart & Barrera, 2016). Así, se hizo necesario crear el Perímetro C, donde se incluyó a los siete antiguos barrios históricos. Actualmente, el Centro Histórico tiene una extensión de 124.30 hectáreas (ver Figura 5).

A nivel federal, estatal y municipal existe un Convenio Intergubernamental, en el cual participan el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través del INAH, el Gobierno estatal, el Ayuntamiento y la Cámara Nacional de Comercio de San Luis de Potosí. Mediante este documento todos los firmantes se comprometen a velar por la protección, conservación, restauración, recuperación, y difusión de los monumentos arqueológicos e históricos del municipio.

Al respecto de las leyes que rigen la gestión del Centro Histórico, cabe puede mencionar el Decreto de Zona de Monumentos Históricos de la ciudad de San Luis de Potosí. En este se declara que es de interés del Gobierno nacional la preservación de las diversas muestras representativas que integran el patrimonio cultural de la nación. A esa ley se le suma el Plan Nacional de Desarrollo, que contempla el trabajo de los sectores público y privado en la protección de los bienes y valores que conforman la cultura de la nación mexicana. Otro instrumento legal relevante es la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis de Potosí, que establece normas de planeación y regulación de los asentamientos humanos: en relación con el aspecto de patrimonio urbano arquitectónico, señala que debe seguirse lineamientos de investigación, protección, conservación, restauración, mejoramiento, recuperación e identificación del patrimonio urbano arquitectónico del Estado.

Asimismo, existe la Ley Estatal de Protección del Patrimonio de San Luis de Potosí, la cual define los conceptos relacionados al patrimonio cultural, y señala las competencias de los organismos y autoridades, así como los mecanismos pertinentes para decretar las declaraciones de las zonas específicas de protección del patrimonio cultural en cada estado. Además, esta ley plantea el tipo de acciones que deben realizarse, como vigilancia, sanciones y estrategias para facilitar la participación de la sociedad y de los especialistas. Finalmente, existe el Reglamento de Construcciones del Municipio de San Luis de Potosí, donde se indican las obligaciones de los propietarios de las edificaciones ubicadas en el centro histórico, la principal de las cuales es el mantenimiento de estas viviendas según la reglamentación del INAH. Esto ha generado que muchas viviendas permanezcan abandonadas, debido a la cuantiosa documentación necesaria para poder realizar algún trabajo.

Discusión

El sistema político mexicano permite que cada Gobierno federal decida sobre su territorio. Esto constituye esto una iniciativa interesante, ya que la centralización del poder ha demostrado ser perjudicial para el trabajo adecuado con el patrimonio, como ocurre en el Perú. Además, dicho sistema permite que las estrategias sean adaptadas a cada contexto específico.

En México, el patrimonio cultural es un elemento de vital importancia para la formación de la identidad nacional. Esta, en un principio, se construyó únicamente a partir de el acervo cultural vinculado a los restos arqueológicos, que fue durante un largo tiempo el principal objeto de las acciones de gestión y recuperación. Este enfoque tuvo un impacto negativo en la conservación de innumerables edificios históricos, que tardaron en ser considerados igual de relevantes que los testimonios arqueológicos. Tarde se empezó a contrarrestar los efectos del descuido en el que se habían encontrado los monumentos y centros históricos del país.

Las políticas culturales mexicanas parten de un enfoque amplio, ya que no solo se centran en la conservación patrimonial, sino que consideran aspectos tales como la educación, y el desarrollo económico y social, pues se reconoce la importancia de poner la cultura al alcance de todo el pueblo mexicano, en tanto un elemento importante que genera bienestar en la población. Por lo tanto, son diversas entidades las que intervienen en la gestión cultural. Cabe destacar que, en el caso específico de los centros históricos, estos han sido incluidos dentro del planeamiento de las ciudades mediante diversos planes y programas.

De acuerdo con la definición planteada por CONACYT para los centros históricos de México, uno de sus principales valores es el arquitectónico. El caso de San Luis de Potosí es una muestra de la gran variedad y riqueza de los diferentes periodos que han ido formando el paisaje actual. Sobre el centro histórico de San Luis de Potosí se han centrado las iniciativas: se realizó, en un primer momento, la delimitación del centro histórico. Le siguió la catalogación de los inmuebles, y la investigación, conservación y restauración de estos (Vildosola, 2006; H. Ayuntamiento de San Luis de Potosí, 2015). Además, se hicieron algunas reformas en el espacio que los rodea, por lo que puede considerarse que el trabajo realizado se hizo de forma integrada con la zona de la ciudad en la que se encuentran. Sin embargo, en las acciones llevadas a cabo sobre la arquitectura del centro histórico se observan también una serie de deficiencias, la principal de las cuales es la concentración de estas en las grandes edificaciones de uso masivo, mientras que se dejó de lado a las viviendas, pese a que estas también poseen gran valor arquitectónico. Con el avance en las gestiones, se otorgaron algunas facilidades a los propietarios de inmuebles, como la reducción de impuestos, pero ello no parece haber tenido éxito entre los vecinos debido a las trabas burocráticas existentes. La normativa del centro histórico señala que la más mínima intervención requiere la aprobación del INAH, lo cual implica realizar una serie de procesos y trámites que dificultan a los propietarios la conservación de sus inmuebles. Si a esto le sumamos que la mayor parte de los propietarios son adultos mayores a los que se les dificulta más todo este proceso, no es de sorprender que muchos desistan de la conservación de sus viviendas o decidan abandonarlas porque no pueden restaurarlas propiamente. Esto también indica que no existe una adecuada participación de la comunidad, ya que si fuera así este tipo de problemas ya hubiesen sido solucionados.

Respecto a este último aspecto mencionado, dentro de los planes, tanto a nivel nacional como municipal, se señaló la participación de una serie de actores, tanto el Gobierno como distintas instituciones públicas y de la sociedad civil. Este es un hecho loable, ya que se mantiene la visión del centro histórico como parte de un todo que es la ciudad, por lo cual es necesaria la intervención de todas las partes involucradas. Sin embargo, al parecer en la práctica esta política no estaría dando los resultados esperados. En la elaboración del Plan Parcial de Conservación, por ejemplo, participaron diversos actores que dieron sus aportes, los cuales fueron dejados de lado puesto que las acciones realizadas se centran en los monumentos. Por lo tanto, claramente es necesario que se reformulen las estrategias de participación para que las problemáticas importantes que acucian a los vecinos sean consideradas, y puedan resolverse mediante acciones concretas.

Sin embargo, el escenario para el desarrollo de la vida urbana dentro del centro histórico no es del todo negativo, ya que se han habilitado una serie de espacios culturales, como bibliotecas y teatros, que han ayudado a dinamizar la actividad en la zona. Sin embargo, esos espacios solo son utilizados durante el día: hace falta espacios culturales que generen vida nocturna en la zona, para beneficiar a los vecinos y los negocios. Puede usarse como punto de partida estrategias que ya han tenido éxito, como la iluminación escénica del centro histórico, que generó que la zona sea visitada durante las noches, y amplió el horario de atención de los negocios.

La infraestructura actual se ha venido reutilizando para crear universidades, teatros y bibliotecas, entre otros. Se observa que aún existe una deficiencia en los usos que se les están dando, pues no responden plenamente a las necesidades de los habitantes. En el diagnóstico realizado por parte del Consejo Consultivo (H. Ayuntamiento de San Luis de Potosí, 2015), se identifican una serie de problemáticas que afectan a la población que ocupa el perímetro del centro histórico. Estos problemas, si bien se presentan en porcentajes menores que en otros estados mexicanos, deben atenderse con urgencia: el abandono escolar (34 % de alumnos entre 6 y 14 años); la falta de acceso a servicios de salud (30 % de la población); y la población empobrecida (28%). Las acciones hasta ahora llevadas a cabo no lidian con estos problemas, a pesar de que son evidentes. Por lo tanto, es necesario encontrar la manera en que el uso del patrimonio puede aprovecharse para resolverlos; por ejemplo, la reutilización de edificios patrimoniales como escuelas o centros de salud, y la adecuada capacitación de la población para que esta acceda a trabajos relacionados al patrimonio (como guías, apoyo en conservación, venta de souvenirs, etc.).

La problemática en los centros históricos de México parece ser la misma que en otras partes del mundo; uno de los obstáculos más importantes lo constituye la falta de mecanismos que garanticen su sostenibilidad económica, social y ambiental de su conservación, puesto que los diferentes procesos de crecimiento de las ciudades han generado que estos espacios sean dejados de lado, al no ofrecer un ambiente adecuado para el desarrollo de las actividades de las ciudades y sus habitantes.

Conclusiones

La gestión del centro histórico de San Luis de Potosí puede considerarse, a grandes rasgos, una buena gestión en lo que respecta al patrimonio arquitectónico monumental. Se encuentra diseñada a partir de las necesidades de un centro histórico, desde una visión integral de los elementos que conforman su contexto. Así mismo, este espacio patrimonial ha sido considerado dentro del planeamiento urbano, lo cual ha generado que se tenga una visión macro que ha permitido resaltar los valores de los elementos que componen el espacio patrimonial. Además, las labores de investigación realizadas sobre las edificaciones han tenido un impacto positivo en su valoración histórica y documental.

Por otra parte, las políticas culturales desarrolladas en San Luis de Potosí se han concentrado en torno a su nombramiento como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Las acciones que han derivado de estas han beneficiado al centro histórico, y han permitido la recuperación física y documental de las edificaciones de mayor importancia, donde se ha establecido una señalización de alto estándar acorde a la normativa internacional. Sin embargo, el foco ha sido el generar un espacio que atraiga actividad comercial y turística, y se han dejado de lado otros elementos importantes que conforman el centro histórico, como los edificios de vivienda.

Así, el caso del patrimonio no monumental parece ser menos positivo. Por ejemplo, en el caso de las viviendas, a pesar de que se ha realizado algunas acciones para promover su conservación, la carga principal recae sobre los propietarios, quienes se ven afectados por las trabas burocráticas, en vez de recibir apoyo y facilidades para ejecutar los trabajos de conservación y restauración necesarios. La poca atención a las necesidades de los vecinos está generando una serie de problemáticas, como la degradación del patrimonio, la existencia de espacios de vivienda en malas condiciones, y una relación negativa entre la población y el patrimonio. En un futuro, estas condiciones pueden llevar a que el patrimonio sea visto como un impedimento para tener una vivienda en condiciones adecuadas y por lo tanto sea rechazado. Es necesario que el proceso establecido por el INAH sea simplificado para las obras menores que se realizan en las viviendas, e incluso que estas puedan ser aprobadas de forma automática.

El valor económico del centro histórico no se está aprovechando de manera adecuada, puesto que se ha centrado únicamente en el turismo y no se han realizado grandes acciones que permitan que este se convierta en un espacio de mayor fluidez económica. La refuncionalización de las edificaciones puede ser una herramienta útil que permita no solo generar réditos por el alquiler de los edificios considerados patrimonio, sino también la recuperación física de estos, a la vez que se generan nuevos vínculos con la población. Podría generarse una serie de negocios y actividades asociadas al patrimonio que sean fuente de recursos para los vecinos y aprovechen el apogeo turístico que está atravesando el centro histórico.

En síntesis, puede afirmarse que la gestión social del centro histórico de San Luis de Potosí ha sido parcialmente exitosa. Se han creado espacios culturales, pero aún está pendiente responder a otras necesidades de mayor urgencia, como la falta de servicios de salud y la deserción escolar. Es necesario brindar servicios de salud en los edificios patrimoniales, un uso útil y beneficioso para los vecinos, lo cual es una buena manera de acercar a los vecinos a su patrimonio. Para resolver el problema educativo se podría generar programas vinculados el patrimonio que complementen la educación formal, con el fin de estimular de otras formas a los estudiantes y así evitar la deserción. Si las acciones solo se centran en un aspecto de la vida de las personas, el patrimonio será visto de forma negativa, como una traba que evita que tengan una mejor calidad de vida.

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Figura 1. Vista del Centro Histórico de San Luis de Potosí.

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Figura 2. Plano de 1849 donde se observan los barrios que conforman el centro histórico en la actualidad.

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Figura 3. Configuración del Centro Histórico de San Luis de Potosí a lo largo del tiempo.

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Figura 4. Caja Real.

En Acciones de Conservación del Patrimonio del Centro Histórico de San Luis de Potosí, una Política en Construcción (p. 44), por D. Zárate, 2008.

Figura 5. Ordenamiento del Centro Histórico por zonas.

En Análisis y Ponderación de los Factores Socioeconómicos que Influyen en la Valoración del Suelo Urbano de las Ciudades. Caso Sector Comprendido entre las Calles Av. 20 de Noviembre, Av. Eje Vial, Reforma y Manuel José Othón, de la Ciudad de San Luis de Potosí (p. 79), por M. Vásquez, 2009.