Estudios

Emergencias intelectuales

La emergencia por realizar estudios culturales ha conmocionado el pensamiento occidental en los últimos años. La razón está en que, en mi opinión, el comportamiento de la masa social ante el patrimonio cultural no ha sido suficientemente analizado (Macías y Peña, 2010). Los especialistas en patrimonio, ya sean provenientes del mundo de la historia del arte, de la sociología, la economía o la arquitectura, no pueden evitar cierto desconcierto producido por los dilemas fundamentales relacionados con el tema que nos ocupa. Quizá llevemos mucho tiempo atendiendo al cómo y hemos desatendido el porqué, cuáles son y cómo se establecen los contornos de una conceptualización que pueda considerarse aceptable, de qué modo asumir la interdisciplinariedad sin convertirla en mera sumatoria de expertos, cómo ubicarse en los momentos actuales sin negar el legado de la tradición, cómo alcanzar la tan ansiada solidez teórico-metodológica sin que se perjudique la flexibilidad de los posicionamientos particulares, y qué carácter tienen las relaciones de los actores implicados en la conservación del patrimonio en un mundo cada vez más polarizado. Este texto no pretende lograr el happy ending del consenso, pero sí creemos que este es un buen espacio de prestigio para intentar dar respuestas y plantear discusiones.

En todo proceso de conocimiento nos encontramos a cada instante con errores y equívocos, pero las desorientaciones por una falta de referencia estable son demasiado comunes en la discusión sobre qué políticas llevar a cabo en la conservación del patrimonio. La complejidad de la conservación del patrimonio es evidente, y por esa razón, precisamente, se vuelve necesario un reordenamiento intelectual que nos habilite para pensar lo que se presenta como complejo y diverso.

La ciencia, la educación, la política, los procesos sociales y económicos no pueden escapar al condicionamiento cultural. La subjetividad y las relaciones socioculturales se organizan en el trazado de ciertas metáforas, de ciertos horizontes que generan presuposiciones y expectativas que configuran creencias y visiones de futuro difíciles de interpretar y, por supuesto, prever. Y es que la cultura es una descripción de una forma particular de vida, la cual expresa sus significados no solo en el arte o en la arquitectura, sino también en la conducta ordinaria.

De este modo, el patrimonio cultural, como integrante de las atribuciones de significados que una comunidad confiere a su experiencia común y que aporta pautas para la normatividad de hábitos, convenciones e instituciones, posee un sólido componente valorativo e ideológico y se convierte en un espacio donde surgen, se asimilan, se modifican y se contraponen patrones de identidad. Pero, además, el patrimonio es práctica social, concreción de interrelaciones diversas que condicionan distintos procesos culturales.

El problema es que cualquier acercamiento apriorístico desde una disciplina académica concreta, sea la arquitectura, la historia del arte o la arqueología, por poner tres ejemplos clásicos, desatenderá necesariamente alguno de los aspectos de una necesaria visión global; eso que últimamente llamamos estudios culturales. Los estudios culturales no son una disciplina académica, sino un proceso crítico que trabaja entre los espacios de las disciplinas académicas, y eso complica mucho las cosas.

Como sostiene Schnitman (1998), la ciencia, los procesos culturales y la subjetividad humana están socialmente construidos, recursivamente interconectados y constituyen un sistema abierto. Precisamente, de sus descentramientos y conflictos surgen los posicionamientos políticos y sociales que conforman y caracterizan el patrimonio que se defiende y conserva en una determinada época. Estas configuraciones transversales son multidimensionales, no son ni homogéneas ni estáticas, sino que presentan polarizaciones antinómicas y densidades diversas. Así, cualquier problemática que se aborde respecto al patrimonio cultural, sea de la índole que sea: educativa, social, política, económica, arquitectónica o artística requiere el concierto de todos los conocimientos disponibles. Esta convergencia de saberes representa antes que un problema de erudición una articulación compleja. Por eso, desde este texto, que estaría en la línea de una epistemología de la complejidad, se aboga por un pensamiento que integre distintos contextos al unísono.

La conservación del patrimonio no debe dejar de sumarse a un proyecto común, compartido, solidario y social. Si las políticas de conservación del patrimonio no tienen esta perspectiva, cada disciplina académica debería intentar asumir sus limitaciones y a la vez intentar dar una respuesta en conjunto, contando con los asesoramientos necesarios.

Curiosamente, es en épocas de globalización cuando más se nota una pérdida de la capacidad para globalizar; es decir, para introducir los conocimientos en un conjunto más o menos organizado para dar respuestas a todas las preguntas. Todo lo dicho no va en contra de que las disciplinas tradicionales sigan trabajando en la gestión del patrimonio cultural. Es decir, el patrimonio arquitectónico debe ser responsabilidad de profesionales de la arquitectura. Es solo que un conocimiento pertinente en el patrimonio cultural se basa precisamente en la capacidad de contextualización y globalización. No nos referimos a anular capacidades analíticas o discriminatorias, sino por el contrario, de integrarlas en un pensamiento que las relacione.

En este sentido, nuestra manera de entender no solo el cómo, sino el por qué debe habilitarnos a afrontar la complejidad, con ayuda de los instrumentos conceptuales de nuestra disciplina académica.Somos conscientes de que modificar no las técnicas, sino la manera de pensar el patrimonio no es tarea sencilla, ya que desde antaño ha dominado un acercamiento a la gestión cultural uno simplificador, reductor y disyuntor.

Veamos las trabas iniciales de esa tarea: las características del patrimonio cultural que nos dificultan un simple acercamiento disciplinario clásico. (Sevilla, 1989).

La ambigüedad sobre la posesión es el primer atributo del patrimonio cultural. Hablar de patrimonio es hablar de legado o herencia, pero también de bienes acumulados a través del tiempo. Bienes que indican una pertenencia a determinados sujetos o grupos sociales y sobre los cuales, por lo tanto, se ejerce un domino. La posesión o propiedad aparece como el elemento más sustancial en las distintas concepciones sobre el patrimonio, pero también como condición cada vez más conflictiva.

En segundo lugar, está el problema de la relevancia, que nos remite irremediablemente a un concepto que pone en aprietos a más de un investigador: el concepto del valor. ¿Hablamos de la lógica del mercado mediante el proceso de mercantilización de los bienes culturales?, ¿no es hasta que un bien cultural se convierte en mercancía y por lo tanto, en objeto de consumo, que se le reconoce como patrimonio cultural? o por el contrario ¿la mercantilización de un producto cultural hace que este deje de ser una expresión legítima de identidad cultural y evita que dicho producto se transforme en patrimonio cultural?, ¿qué imprime mayor valor a unos cuantos bienes sobre muchos otros? Más aún, ¿de qué tipo de valor estamos hablando?, ¿dentro del patrimonio cultural reconocido como tal existen bienes o productos culturales que tienen únicamente un valor simbólico para determinado grupo social? o ¿se trata de objetos que además de poseer un valor simbólico, tienen también un alto valor de cambio? ¿Cómo gestionamos el patrimonio como recurso económico, algo que cada vez parece más fundamental? Una cosa no debe excluir a otra. Asumir el patrimonio como una pieza fundamental para el desarrollo cultural y social de nuestro pueblo y por lo tanto, en sintonía con sus necesidades y valores implica una particular consideración hacia el conjunto de sentimientos y expresiones espirituales que permiten darle cuerpo cultural a una nación, colocándolo a su vez al servicio de su bienestar socio-económico.

En tercer lugar, ¿cómo encajamos el respeto por la diversidad cultural en un mundo global que requiere un reconocimiento de valores masificado? Es evidente que resulta necesario tomar conciencia acerca de nuestros patrimonios culturales y del valor que representan como elementos representativos en un determinado pueblo. En el contexto de una comunicación mundial instantánea, existe el riesgo de una estandarización de la cultura; sin embargo, para existir cada persona necesita dar testimonio de su vida diaria, expresar su capacidad creativa y preservar los trazos de su historia, y esto solamente es logrado a través del patrimonio cultural. En un principio, fueron considerados patrimonio cultural los monumentos, conjuntos de construcciones y sitios con valor histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico y antropológico. Sin embargo, la noción de patrimonio cultural se ha extendido a categorías que no necesariamente forman parte de sectores artísticos, pero que también tienen gran valor para la humanidad. Y este patrimonio basa su importancia en ser el conducto para vincular a la gente con su historia, encarna el valor simbólico de identidades culturales y es la clave para entender a los otros pueblos, y contribuye a un ininterrumpido diálogo entre civilizaciones y culturas, además de establecer y mantener la paz entre las naciones,por no hablar de la conceptualización o diseño de una dimensión complementaria del patrimonio como resultado de un acercamiento al individuo y a los sistemas de conocimiento, tanto filosófico como espiritual. Esta dimensión complementaria que convencionalmente llamamos patrimonio inmaterial, que abordaremos y cuestionaremos en uno de nuestros principios, y que abarca el conjunto de formas de cultura tradicional y popular o folclórica, emana de una cultura y se basa en la tradición.

Estas tradiciones se transmiten oralmente o mediante gestos y se modifican con el transcurso del tiempo a través de un proceso de recreación colectiva., Para todas las poblaciones el patrimonio intangible representa la fuente vital de una identidad profundamente arraigada en la historia y constituye los fundamentos de la vida comunitaria. Pero, ¿es ese el único valor inmaterial o todos los valores son en esencia subjetivos y por tanto, también inmateriales? No nos adelantemos. Como vemos, estudiar el patrimonio cultural da lugar a la generación de términos que desencadenan, a su vez, una serie de problemas aún no del todo resueltos por los especialistas. La riqueza de cuestiones derivadas deja, por lo tanto, y al contrario de lo que inicialmente podría pensarse, un amplio espacio a la indefinición.

Como deducirá el lector avezado, el problema es que la búsqueda de una delimitación del concepto que nos ocupa acarrea los mismos defectos y virtudes de los múltiples intentos de definición del concepto de cultura en general. Esto es, al hablar de patrimonio cultural nos topamos con las diversas cuestiones, aún no del todo resueltas, derivadas de lo que se reconoce o no como cultura.

Por ejemplo, la a veces disimulada y otras exhibida connotación de clase que posee la cultura se presenta también en lo relacionado con el patrimonio cultural. Y no negará el lector que esa connotación de clase existe y es manifiesta cuando se observan detenidamente las diferentes condiciones de cada clase social en la producción, distribución, apropiación o consumo de los bienes culturales.

El patrimonio testifica la experiencia humana y sus aspiraciones y debe ser una experiencia compartida que ofrece a cada ser humano la oportunidad del descubrimiento propio como otra persona en ese caudal de conocimiento que no es el propio. El valor más importante del patrimonio cultural es la diversidad, pero la diversidad de este patrimonio debe tener el propósito de unir a los diversos pueblos del mundo a través del dialogo y el entendimiento, en vez de separarlos, o que no es poco, ni fácil.

Vayamos a los principios.

Primer principio:

Las personas crean patrimonio porque quieren perdurar.

Una de los aspectos que diferencia a los humanos del resto de los animales es, sin duda, la conciencia de que la vida es finita. No creo que exista un ser vivo que desde una edad temprana sea consciente de que más pronto o más tarde se va a morir. Ni siquiera los elefantes, pues, creo, que hasta el momento en que toman el camino de su legendario cementerio, no saben que van a perecer. De hecho, puede que los elefantes no tengan ese conocimiento, ya que probablemente lo único que hacen es retirarse a un lugar más seguro cuando por su edad o enfermedad no pueden seguir el ritmo de la manada. No me refiere a instintos o capacidades sensoriales, sino acomprensión vital (Aries, 1975; Castorina, 2005, 2007; Del Val, 2008; Morin, 2007).

La mayoría de autores que han trabajado este tema coinciden en que cinco subcomponentes definen la noción adulta de muerte: la irreversibilidad, la finalidad, la causalidad, la inevitabilidad y la vejez (Brent y Speece, 1993, p. 203-224).

Entiendo que estos subcomponentes de la noción adulta tienen un desarrollo, y su emergencia no puede estar supeditada de modo excluyente a los mecanismos intelectuales inherentes al ser humano. Las prácticas, los imaginarios y los ritos que rodean la muerte institucionalizan un complejo de emociones y valoraciones sociales que restringen o favorecen el desarrollo del patrimonio.

El caso es que el hecho que desde pequeños tengamos una crisis al tomar conciencia de lo efímero de nuestro paso por este mundo hace que tengamos la ilusión de perdurar.

Escribir un libro, plantar un árbol o tener un hijo son las tres acciones que tradicionalmente debe uno hacer antes de morir; no son más que legados para ser recordados, para dejar nuestra huella en nuestro entorno, dejar patrimonio.

Y lo que es aplicable individualmente lo es también colectivamente; así es que como sociedad, también queremos dejar constancia de nuestra cultura, nuestros valores o nuestro comportamiento. Somos instantes, como decía el poeta, pero queremos ser instantes recordados.

Segundo principio:

Conservar el patrimonio nos hace felices.

Aceptando que el primer principio es cierto, con ello justificaríamos la creación de patrimonio, pero no que deseemos conservar el patrimonio de otros.

Reinterpretando la teoría de la cooperación, entiendo que existen razones puramente biológicas que nos predestinan a la conservación del patrimonio. Dado que somos animales sociales que necesitamos vivir en comunidades, mantenemos patrones de comportamiento semejantes a otras especies. La mayoría de animales que viven en grupo buscan la protección y supervivencia de su especie con la elección de un macho alfa, un ejemplar fuerte y sano que garantice que la procreación no transmita taras genéticas mediante el ejercicio de una paternidad exclusiva. Es el caso de los gorilas, por ejemplo. Sin embargo, los chimpancés optan por emparejarse indiscriminadamente, obligándose a una paternidad compartida.1

Los gorilas son un claro ejemplo de sociedad basada en la competitividad frente a la sociedad cooperativa de los chimpancés. Creo que los humanos somos más chimpancés que gorilas.2 Nuestra falta de preparación para un mundo competitivo está detrás del aumento progresivo de las situaciones de estrés, causa a su vez de muchos problemas psicológicos. Sin embargo, cuando no tenemos cargas económicas o familiares, durante nuestra juventud, la principal opción es la cooperación. El voluntariado de las ONG se nutre mayoritariamente de jóvenes. De hecho, cuando vemos una película que nos ha hecho sentir o hemos leído un libro que nos ha cautivado, nos gusta informar de ello a nuestros amigos, y nos sentimos muy bien al saber que gracias a nosotros nuestros compañeros también han disfrutado lo mismo. Es decir, hacer que otros aprecien y disfruten de lo mismo que queremos nos gusta, nos hace felices, y esa es la razón por la que queremos que el patrimonio que valoramos sea trasmitido a generaciones futuras. Conservar el patrimonio para ser felices; creo que no hay mejor justificación.3

Tercer principio:

La gestión del patrimonio es responsabilidad de todos.

Dice Antonio Gramsci en Introducción a la filosofía de la praxis (1970, p. 11-37) que hay que destruir el principio mayoritariamente difundido de que la filosofía es algo muy difícil por el hecho de ser una actividad propia de una determinada categoría de científicos especialistas o de filósofos profesionales y sistemáticos. De la misma manera, y quizá por un empeño de los propios profesionales, la gestión del patrimonio ha querido seguir este mismo principio instalando una barrera entre la élite que entiende y el pueblo que no.

Así pues, nuestra primera labor como gestores del patrimonio sería la de demostrar que todos los hombres gestionan su cultura, que es la cultura de todos, de la misma manera que todos los hombres son filósofos, partícipes de una filosofía espontánea propia de todo el mundo. Es esa la verdadera cultura, y no la de la élite, la que se basa en el sentido común y en el buen sentido, la de lo popular, la de las creencias, supersticiones, opiniones, modos de ver y actuar y, en definitiva, la de la tradición continua y mutante. (Hopenhayn, 2000; Martínez, 2000).

Dando por hecho que todos, como humanos, somos gestores de nuestra cultura, aunque sea inconscientemente, porque todos vivimos según nuestra propia concepción del mundo, debemos analizar hasta qué punto sería necesario, lo cual la haría la verdadera tarea del profesional de la gestión del patrimonio, mantener esa inconsciencia o revertirla consciente. Es decir, la gestión del patrimonio debe mantener una concepción del mundo impuesta mayoritaria y mecánicamente por un ambiente exterior; o sea, por un grupo social en el que nos vemos inmersos desde que nacemos, en nuestro pueblo, en nuestro barrio, en nuestro colegio y a la vez posibilitar que la gente pueda elaborar su concepción del mundo consciente, pensando, eligiendo sus actividades, participando en la evolución cultural del mundo, siendo guías de sí mismos y rebelándose contra la permanencia estática de su propia cultura.

Creo que la cultura que nos interesa es la de la gente, y creo que el gestor del patrimonio debe servir para facilitar que la gente tenga libertad de elegir la evolución de su propia cultura, sin generar una pseudocultura intelectualoide sin respaldo, condenada a ser ridiculizada, o al menos incomprendida, en un futuro libre del snobismo actual. Por la propia concepción del mundo, se pertenece siempre a una determinada agrupación, dice Gramsci, y concretamente a la de todos los elementos sociales que comparten un modo de pensar parecido, y un parecido modo de operar. Siempre seremos conformistas de algún tipo de conformismo, siempre seremos masa o colectivo.

La cuestión está en decidir de qué tipo de conformismo queremos ser, a qué colectivo queremos pertenecer. Cuando la concepción del mundo no es crítica y coherente sino ocasional, coyuntural o disgregada, acabamos perteneciendo a una multitud diversa de masas y colectivos. La personalidad se compone de elementos extraños y heterogéneos, con rastros del hombre ancestral y moderno, prejuicios históricos, localistas y globalizados. Criticar la propia concepción del mundo es hacerla coherente y eso nos une como seres humanos. Esto requiere criticar también nuestra concepción de la cultura de manera continua para saber lo que se es realmente, lo que se quiere ser a partir de las huellas que hemos ido acogiendo históricamente sin beneficio de inventario. Aunque, creo que deberíamos empezar por hacer ese inventario.

Cuarto principio:

No se puede separar la gestión del patrimonio de la cultura histórica ni de la historia de la cultura.

En el sentido más inmediato, no se puede gestionar la cultura sin tener una concepción de la misma críticamente coherente y sin una conciencia de su historicidad, sin tener en cuenta las contradicciones de nuestra concepción con otras concepciones.

Gestionar el patrimonio significa no solo inventar nuevas formas, sino, especialmente, difundir las ya descubiertas, socializarlas y convertirlas en acciones vitales, en formas de coordinación de actuaciones sociales. Que la sociedad conozca su cultura es mucho más importante que difundir nuevas culturas. Además, muchas culturas comienzan siendo solo un patrimonio exclusivo de pequeños grupos de intelectuales.4

Quinto principio:

La gestión del patrimonio debe hacerse desde la contemporaneidad.

A pesar de lo dicho en el punto anterior, no podemos hacer gestión cultural sin pensar en el presente. El pasado debe ser pretérito, remoto y superado. No podemos ser anacrónicos en nuestra propia época. Es imposible expresar en la gestión del patrimonio la modernidad más desarrollada y atrevida, si no actuamos con completa autonomía histórica. Conocer nuestra historia es esencial, pero ese mismo conocimiento no nos debe anclar en ella.5

Sexto principio:

Gestionar la cultura es un acto intelectual y social.

No existe una cultura en general; existen diversas culturas o concepciones del mundo, y siempre se hace una elección entre ellas. Gestionaremos bien el patrimonio cuando nuestra elección intelectual coincida con el obrar de la gente; de lo contrario acabaremos provocando que un grupo social, por razones de sumisión y subordinación intelectual, se crea una concepción del mundo que no se corresponda con su verdadero obrar; es decir, que la sociedad se comporte no de manera autónoma ni independiente, sino sometida y subordinada.

He aquí la gran brecha existente entre los gestores del patrimonio y la sociedad que no alcanza a comprender la importancia de lo que hace y por tanto, no valora realmente una concepción cultural que en realidad no siente suya. Cuando esto ocurre con demasiada asiduidad, encontramos que ante una situación de amenaza cultural, los intelectuales se escandalizan, pero las masas no se movilizan, pues no se dan por aludidas.6

Séptimo principio:

La praxis cultural no puede dejar de ser en principio polémica y crítica, como ejemplo de superación del modo de pensar.

Es decir, debe presentarse como crítica al sentido común, después de haberse basado en ese mismo sentido común para demostrar que todos somos gestores de nuestra propia cultura. No se trata de introducir una cultura nueva, sino de hacer crítica de la que tenemos.

La masa actúa prácticamente, pero no tiene una conciencia teórica de su obrar, porque vive su cultura como una fe, fe en el grupo social al que pertenece en la medida en que piensa como el individuo. El pueblo tiende a pensar que si tanta gente piensa igual, no puede estar equivocado.7

Octavo principio:

No existe un patrimonio inmaterial disociado del material ni un patrimonio material digno de ser conservado si no es por su valor inmaterial.

Los elementos culturales lo son en tanto existe una forma y un valor atribuido. La forma puede ser física y por tanto medible, pero también puede ser cualitativa, como el andar, el estar sano o el oír música. Sin embargo, esta forma por sí misma adquiere cualidad cultural cuando va unida al valor que nosotros le atribuimos, lo que Aristóteles denominaba la substancia (1964, p. 12-15). Cada uno de nosotros es y se rodea de la substancia, de la suma de forma y valor. La substancia es el ser, no un ser cualquiera, sino absolutamente el ser cultural.

Las distintas categorías culturales definidas en la legislación internacional y en las recomendaciones de la Unesco son útiles para desarrollar estudios pormenorizados y capacitar gestores culturales en ámbitos específicos, pero toda gestión cultural debe abordar la conservación y difusión del ser cultural; es decir, de la suma de forma o acto y valor, con lo que no hay gestión cultural del patrimonio material y gestión cultural del patrimonio inmaterial, sino una sola gestión, pues el patrimonio material no es patrimonio si no tiene valor, y el valor es muy difícil de conservar y difundir si no tiene forma o acto que lo sustente.8

En realidad es lo que Santo Tomás de Aquino (1979, p. 220-240) llama quididad, esto es, la substancia de las cosas, lo que hace que algo sea, quod quid erat esse, aquello por lo que una cosa tiene que ser algo, aquello por lo que una cosa es cultura.

Spinoza (Peña, 1974, pp. 98-99) también abordó la concepción de la substancia. Al igual que en la filosofía, en la gestión de la cultura, sino no conocemos exactamente la substancia de nuestro patrimonio, la forma-acto y el valor del mismo, se viene abajo toda la ciencia.

Noveno principio:

El patrimonio no debe conservarse por su forma o en su representación, sino por su valor, y el valor de su forma y representación es la razón por la cual es patrimonio.

No existe en el conjunto de bienes patrimoniales nada que no deba ser percibido, conservado y gestionado en la totalidad. La forma-acto sólo es el atributo del patrimonio, aquello que el entendimiento percibe de un bien, sea material o inmaterial.

El valor es la consecuencia del entendimiento de la forma-acto, su efecto. El conocimiento del efecto; es decir, del valor de un bien cultural depende del conocimiento de lo que lo causa; es decir, de la correcta aproximación, conservación y gestión de la forma o el acto en sí.

La concepción del patrimonio como poseedor de un valor intrínseco representa una visión esencialista; en otras palabras, el valor se considera como una propiedad esencial (que hace ser al bien u objeto) y no como una propiedad accidental o contingente (que puede o no tener el bien u objeto). Sin embargo, la gran mayoría de las veces esta conceptualización no se efectúa de manera explícita.

Un ejemplo de ello es considerar, de manera implícita y tautológica, que el patrimonio tiene valor por ser patrimonio. No sobra aclarar aquí que el patrimonio no tiene valor por ser tal, sino que lo es precisamente por tener valor. (Serageldin, 1999, p. 240-263; Schneider, 2009, p. 59-71).

Décimo principio:

El patrimonio tiene un valor múltiple y variable.

La forma o el acto que constituyen un bien cultural pueden tener diversidad de valores, pues son diversas las aproximaciones para su conocimiento.

La substancia; es decir el ser cultural, es la suma de la forma o acto y todos sus valores posibles. A más potencia o calidad de la forma o el acto cultural, mayores son los valores. Por eso, una correcta gestión material propicia un acrecentamiento del valor.

La importancia, calidad o cantidad de valores que nosotros le demos a una forma o acto es directamente proporcional a la necesidad de conservación.

Los valores del patrimonio que tienen que ver con la concepción de nuestro mundo; es decir, los ligados a nuestra imaginación o intelecto (incluyendo valores religiosos o antropológicos) siempre tendrán más peso que los valores ligados a un aspecto material o técnico (la calidad de una construcción por ejemplo). En la gestión de la cultura, debemos preservar siempre esos valores de manera prioritaria.

En caso de conflicto en la gestión de un bien cultural con diversos valores, al primar los intelectuales, normalmente estaremos favoreciendo la concepción del patrimonio de aquella sociedad que convive más estrechamente con él.

El valor que le damos a un bien cultural que consideramos parte de nuestra concepción intelectual del mundo es siempre mayor que el que le damos a un bien cultural que consideramos únicamente necesario (por su condición de generador de recursos económicos, por ejemplo).9

Decimoprimer principio:

La difusión del bien cultural, su conocimiento, es el fin de toda gestión cultural.

Todo bien, sea material o inmaterial, existe porque está en nuestra mente. Es por tanto, su percepción el valor que hay que gestionar. George Berkeley dice que las diversas sensaciones o valores que nos llegan por los sentidos no pueden existir más que en una mente que las perciba: “la mesa sobre la que escribo existe; es decir, la veo y la siento y si yo estuviese fuera de mi escritorio diría que existe; entendiendo por ello que si yo estuviese en mi escritorio la podría percibir”. (Berkeley, 1930, p. 431-440). No es posible que nada tenga una existencia fuera de las mentes o seres pensantes que las perciben. Los bienes culturales en tanto no son conocidos por mí no existen en mi mente, y por tanto, no tienen ninguna existencia. Atribuir a un bien cultural una existencia independiente de la valoración que un ser humano haga de él es una abstracción ininteligible.10

Duodécimo principio:

Todo el mundo merece y puede comprender y disfrutar del patrimonio.

Según John Stuart Mill (1984, p. 44-75), no hay nada que justifique que toda persona no disfrute como herencia de una cultura intelectual suficiente que le proporcione un interés inteligente por los bienes que puede contemplar. A menos que a tales personas se les niegue, por una legislación o política nociva para la gestión cultural, encontrarán siempre una existencia placentera en la contemplación y valorización de los objetos de su estimación.

Ludwig Feuerbach (1976) afirmaba que el hombre no se distingue del animal solo por nuestra capacidad de raciocinio. Quien no piensa no es hombre, pero no porque pensar sea causa del ser humano, sino porque el pensar es una propiedad del ser humano. Del mismo modo, tener cultura no es una consecuencia de nuestra humanidad, sino que es una propiedad del ser humano.

En la concepción de la cultura, no solo está la capacidad de pensar, sino también la de sentir. Sirva como cierre de esta docena de principios esta reflexión: la gestión del patrimonio debe tratar de conseguir una unidad entre nuestro pensar y actuar y nuestro sentir. Y no se trata de encubrir la diferencia, sino de tratar de que el objetivo esencial de nuestro sentir sea también el objetivo esencial de nuestro pensar.11

2. Pensar el patrimonio y pasar a la acción

No deberíamos quedarnos en las reflexiones filosóficas. Apliquemos la teoría.

La importancia del patrimonio, los errores sobre su gestión, su comprensión, su difusión o su conservación se aprecian en momentos críticos. Este artículo, de hecho, nace en un momento de gran intensidad de acciones cívicas por el conflicto generado por la construcción de un vial de comunicación en el entorno protegido de Puruchuco, en Lima, y ese conflicto es parte fundamental de la generación de estas reflexiones en julio de 2013. ¿Cómo no reaccionar ante un atentado contra la inteligencia, contra la ciencia, contra la nación peruana y la humanidad, contra los intereses en torno al turismo, contra la identidad cultural y contra la eficacia y utilidad de los pactos internacionales sobre conservación del patrimonio?

Curiosamente, a mi vuelta a España después de una larga estancia en Perú, en noviembre de 2013, asistí al nacimiento de la Plataforma en defensa de la Cultura, ante una necesidad natural, insatisfecha, de la sociedad española: la de aunar en un mismo espacio de reflexión y acción a los agentes de todas la áreas de la cultura y a la ciudadanía. Por primera vez, una voz cultural, y mayoritaria, que aspiraba a ser escuchada tomaba forma gracias al impulso generoso de más de ochenta asociaciones, las cuales asumían que es imprescindible formular las aspiraciones espirituales y humanísticas de nuestra sociedad y encarar el deber y la obligación de luchar por la continuidad y desarrollo de una cultura de calidad.

No les falta razón a estas asociaciones de la Plataforma en defensa de la cultura, pues la mayoría de las políticas culturales en España lejos de fomentar el desarrollo del patrimonio se han esmerado en mantener un estado de inercia y de promoción de la pobreza cultural. En España, ha sido habitual que se impulsaran patrones culturales ajenos a la propia idiosincrasia, apadrinando un peligroso divorcio entre sociedad y cultura.

La Plataforma en defensa de la cultura no es un fin, sino un medio para conseguir lo que todos los sectores culturales vienen reclamando: la dignificación de la cultura, haciendo de ella algo tan vivo y necesario como la sanidad, la educación o la justicia. En su manifiesto, se defiende que la cultura es patrimonio común de toda la humanidad y forma parte primordial de la identidad y dignidad de la ciudadanía de un país; es un bien con valor simbólico, un derecho de todos y un factor decisivo para un desarrollo integral y sostenible, sabiendo que el respeto y la valorización de la diversidad cultural son indispensables para la dignidad social y al desarrollo integral del ser humano.

El artículo 9.2 de la Constitución española asegura que corresponde a los poderes públicos “facilitar la participación de los ciudadanos en la vida cultural”. Por tanto, debe reconocerse el derecho universal de acceso a la cultura como uno de los pilares de la construcción en una sociedad más igualitaria y participativa que integre tanto a la infancia, los adultos, y la tercera edad como a todos los colectivos con riesgo de exclusión social.

La cultura es un sector no solo de gran proyección económica; también tiene una importante dimensión pública y ciudadana. Su desarrollo y puesta en valor deben ser una prioridad política, ya que pueden ligarse a sectores como el turismo, la educación, el desarrollo local y la proyección internacional, así como a conceptos tan sensibles y esenciales como el paisaje, la memoria, el desarrollo personal o la identidad.

La cultura no puede seguir siendo considerada únicamente como un subproducto del desarrollo, sino que debe ser vista por todos los agentes políticos y sociales como uno de los principales factores del desarrollo sostenible. La cultura no puede ser entendida como un problema o como algo incómodo a los políticos. Las crisis no pueden ser ni un freno ni una excusa; son una oportunidad para toda la ciudadanía para reencontrarse y participar de todos esos valores, sentimientos e ideales.

El reconocimiento de la cultura como un derecho, implica la obligatoriedad de una actuación pública que promueva el desarrollo cultural y el acceso a los bienes culturales. Es necesario, entonces, replantear los orígenes y razones de ser de la gestión del patrimonio cultural. Es necesario hacer epistemología, porque muchas de las políticas culturales emprendidas por los gobiernos, sean del país que sean, lejos de fomentar el desarrollo de este derecho público han impulsado patrones culturales que han fomentado la separación entre sociedad y cultura, tal y como decíamos. ¿Para cuánta gente el patrimonio es una carga, algo que hay que ocultar, esconder y evitar como si se tratara de un impuesto eludible?

Quizá habría que empezar a defender la existencia de un cuarto elemento a ser tomado en consideración en la teoría de los elementos del Estado. Si un Estado se organiza en torno al territorio, el pueblo y el poder igual habría que añadir a la cultura, entendida esta como el elemento que engloba a los otros tres. Actualmente, en las legislaciones sobre los bienes culturales o la protección de la identidad cultura o acceso a la cultura, el fin del derecho a la cultura como expresión genérica suele aparecer en un preámbulo o como un fin educativo. Un derecho y un deber fundamental que suele relegarse a una cláusula, un mandato constitucional o una simple competencia.

En el caso de la Constitución española (1978), se prevé en su artículo 46 que los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del Patrimonio Histórico, Cultural y Artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integren cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este Patrimonio.

La Constitución de Portugal (1976) establece en su artículo 78 que todos tienen derecho al disfrute y a la creación cultural, reafirmando lo dispuesto en artículos anteriores, así como el deber de preservar, defender y valorizar el patrimonio cultural, y promover la salvaguarda y valorización del patrimonio cultural, tornándolo en elemento vivificador de la identidad cultural común.

Las Constituciones de Ecuador y Guatemala prevén respectivamente como función del Estado el fomento y promoción de la cultura, la creación artística, la investigación científica y la obligación de velar por la conservación del patrimonio cultural y la riqueza artística e histórica de la nación, los sitios arqueológicos, y conjuntos monumentales.

Las Constituciones de Chile y de Bolivia manteniendo la misma tendencia, establecen que le corresponde al Estado estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la nación.

Un caso excepcional a las constituciones citadas lo constituye la Constitución de México, la cual data de 1917 y recepta como de la reserva legal el establecimiento, organización y sostenimiento en toda la República de museos, bibliotecas, conservatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y que todo sobre monumentos arquitectónicos artísticos e históricos cuya conservación sea de interés nacional.

No es este el espacio, ni es nuestra intención, hacer un recorrido por las constituciones del mundo. Créanme si podemos deducir que el significado alcanzado por el derecho a la cultura durante los últimos tiempos lo justifica como un posible derecho de rango constitucional, el cual a su vez en la mayoría de los casos deja a la reserva del poder legislativo su regulación como un mecanismo para garantizar su eficacia. Característica esta que por lo demás es propicia dado el constante desarrollo y evolución de los bienes que integran el contenido del derecho a la cultura. Pero es necesario recordar que el Estado se define también por su cultura nacional, funda su identidad en el patrimonio cultural. Y no nos avergoncemos de decirlo; la libertad solo se convierte en libertad plena a través de la cultura. La persona lo es gracias a la cultura.

La propia Declaración Universal de Derechos Humanos, carta principal de los derechos sociales, de los derechos fundamentales, cuando se refiere a la libertad y a la igualdad se fundamenta en el caso específico del derecho a la cultura en la pretensión por parte de los ciudadanos de tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad (artesanías, cultura popular, preservación de la identidad cultural y en consecuencia de la salvaguarda del patrimonio cultural), gozar de las artes (disfrute de la prestación de los servicios culturales) y participar en el progreso científico y en los beneficios que de ellos resulten.

Y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 15 prevé que los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a participar en la vida cultural, gozar de los beneficios del progreso científico y de sus obligaciones y beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Entre las medidas que los Estados Partes en el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales se comprometen a adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figuran las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura. Igualmente, los Estados Partes se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora, reconociendo los beneficios que derivan del fenómeno y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales.

La cultura como derecho también fue abordada en relación con el alcance de los términos acceso a la cultura, participación en la vida cultural y Contribución de las Masas Populares de la Unesco, que indican expresamente que por acceso a la cultura debemos entender la posibilidad efectiva para todos, principalmente por medio de la creación de condiciones socioeconómicas, de informarse, formarse, conocer, comprender libremente y disfrutar de los valores y bienes culturales y por participación en la vida cultural, la posibilidad efectiva y garantizada para todo grupo o individuo de expresarse, comunicar, actuar y crear libremente, con el objeto de asegurar su propio desarrollo, una vida armoniosa y el progreso cultural de la sociedad.

Así pues, el ejercicio del derecho a la cultura supone en consecuencia un ser humano libre e igual. Claro y diáfano. Condiciones que acreditan el derecho a la cultura como un derecho fundamental para el logro del bien común, el cual se sostiene que es el fin de la sociedad. De allí que la sociedad debe, en razón de su igualdad de naturaleza, reconocer la igualdad de todos los hombres en lo que concierne a los derechos fundamentales de la persona humana, y ello implica también que las condiciones sociales más elevadas no estén de por sí cerradas a nadie y que todos los hombres tengan las mismas oportunidades de acceder, cada uno según su esfuerzo y según su condición, a su plenitud humana. Pero eso es otro tema.

Lo que cabría destacar es que tales exigencias ya reconocidas en los marcos legislativos obligan a los Estados a los fines de garantizar el acceso a la cultura y participación en la vida cultural, sin que baste solamente con procurar u otorgar una acción o prestación positiva, sino que se debe garantizar su difusión en condiciones de igualdad y de libertad.

El derecho a la cultura, por tanto, no debe considerarse como un derecho más de los civiles y políticos. Estos últimos son derechos que implican un deber de abstención por parte del Estado. Dicho de otro modo, la obligación del Estado respecto de los derechos civiles y políticos es, en lo esencial y en estricto, la de no violarlos, no lesionarlos mediante la acción o la omisión, en su caso por un órgano o agente gubernamental o de cualquier persona cuyo ser sea imputable al hacer del aparato gubernamental o administrativo. Todo ello sin perjuicio, naturalmente, del deber genérico de establecer y garantizar la posibilidad de existencia y ejercicio de ese derecho. Pero en el derecho a la cultura, el Estado debe salvaguardar y fomentar la protección de los bienes y servicios culturales mediante los cuales se realiza el ejercicio del mismo, garantizando su irrenunciabilidad, su imprescriptibilidad y su universalidad. Dicho de otro modo, la acción de la política respecto del derecho a la cultura conduce a la protección y salvaguarda de la identidad cultural (es decir, todo lo relativo a la protección de los bienes que conforman el patrimonio cultural), el fomento de las industrias culturales (en lo cual está incluido lo concerniente al fomento de las actividades de producción intelectual y artística; es decir, todo lo relativo a la libertad de creación y proceso creativo), el respeto a la propiedad intelectual (derechos de autor y derechos afines), así como también a la prestación de los servicios culturales. El alejamiento por parte de los órganos políticos, responsables de ponderar la configuración del derecho a la cultura con otros derechos constitucionales, como lo son el derecho de propiedad y el derecho a la libertad económica, conlleva a un vaciamiento de dicho derecho. Su armonización y en consecuencia, su plenitud y disfrute solo es posible si la observancia de las normas que lo regulan, el ejercicio de las potestades administrativas destinadas a su satisfacción y la emisión y ejecución de decisiones judiciales para garantizar su control jurídico están justificadas por su necesidad e idoneidad en cuanto a los medios empleados o dispuestos para garantizar el acceso a los bienes y servicios culturales, en concordancia con los valores jurídicos que determinan los fines de un estado de derecho. No es posible pretender sacrificar un derecho constitucionalmente establecido, al extremo de su posible negación, por la supervivencia de otro derecho o bienes constitucionales

¿Qué debe suceder cuando esos derechos no se respetan? Muy poco tiempo después de la aparición de la Plataforma en defensa de la Cultura en España, en Chile, con la convocatoria y adhesión de al menos 119 organizaciones ciudadanas de diversos lugares del país, se realizó el 24 de mayo del 2014 la Primera Marcha por el Patrimonio de Chile en distintas ciudades del país como Arica, La Serena, Valparaíso, Melipilla, Concepción, Temuco y Santiago. Luego del Tercer Congreso Nacional de Barrios y Zonas Patrimoniales, que se realizó entre el 24 y 26 de abril de 2014, con la participación de más de 500 delegados, 2 invitados internacionales, 60 ponencias, 3 foros de debate y 4 grupos de discusión, los asistentes acordaron realizar, en el marco del día del patrimonio, una movilización nacional de las comunidades que luchan por los barrios, la cultura y el patrimonio. Y fue un éxito.

En esas mismas fechas, en Venezuela, apareció la iniciativa de convertir el estado Nueva Esparta en un espacio para la lucha permanente en defensa del patrimonio cultural, liderada por el presidente del Instituto Autónomo de Cultura de la entidad (Iacene), Iván Gómez. En su programa político, planteaba el diseño de programas que contribuyan a fortalecer la identidad neoespartana, lo que supone orientar al Gobierno regional en políticas que fortalezcan los valores patrimoniales, la historia, la cultura tradicional. A un ambicioso plan editorial, se suma uno musical con el propósito de proteger con firmeza y divulgar ampliamente el patrimonio musical de la región insular. Igualmente, para cumplir los objetivos mencionados, también se hará ese año la sistematización de la data y una reflexión colectiva acerca del devenir cultural con los coordinadores de las 22 casas de cultura de la región para escuchar propuestas desde todos los municipios y establecer lineamientos programáticos. La iniciativa establece que la única manera de lograr cambios verdaderos en el ámbito cultural es trabajar en función del patrimonio histórico de la región insular: monumentos, iglesias, castillos, así como la problemática social que atraviesan músicos, artesanos y otros creadores.

Unos seis meses atrás, en marzo de 2013, medio centenar de personas, entre las que se dieron cita vecinos de la zona, estudiantes universitarios y miembros de la Asamblea de la Plaza Martín Fierro de Buenos Aires se autoconvocaron con el objetivo de defender un patrimonio cultural histórico del barrio, avasallado por la política de cierre y apropiación de espacios públicos llevada adelante por una gestión al calor de frondosos intereses. Con la consigna “NO a las rejas de Macri” los vecinos marcharon al juzgado para entregar a modo de protesta, parte de la tela metálica perimetral con la que se intentó cercar el simbólico predio. En la actual plaza Martín Fierro de Buenos Aires, late una porción importante de la memoria histórica popular. Allí funcionaron, a principios del siglo XX, los Talleres Metalúrgicos Vasena, escenario desde donde comenzaron a escribirse las primeras líneas de una huelga que terminaría en una sangrienta represión obrera. Casi un siglo después, serían otros los hombres y mujeres que tomarían la posta digna y rebelde de aquellos trabajadores fusilados en la semana trágica, defendiendo a viva voz aquel predio y la porción de identidad popular que late en él. Aquella tarde de marzo una columna de vecinos que marchaba de manera pacífica fue violentamente interceptada por la policía que se auxilió de gases, carros con cañones de agua y la estratégica presencia de dos cuerpos de infantería. Mientras la gente se dispersaba, tres manifestantes fueron apresados. Pocos meses después, aplicando la doctrina de la Ley Antiterrorista, el fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitó su procesamiento, acusándolos de delitos contravencionales y correccionales que podrían derivar en una pena de 3 a 5 años.

No es en ningún caso justificable la violencia, pero es obvio que la población puede tomarse, en ocasiones, muy en serio la defensa de su patrimonio cuando este se convierte en seña de identidad. Es cierto que muchas veces esto no ocurre, como ya hemos advertido.

Paralelamente, en la misma ciudad de Buenos Aires, en busca de revalorizar el tango, como patrimonio cultural, cientos de milongueros convirtieron la estación de trenes de retiro en una pista de baile. Al ritmo del dos por cuatro y bajo la consigna: “el tango no es soja, es cultura” protestaron contra las políticas culturales del gobierno de la ciudad. Impulsados desde la agrupación La Grupa, se presentaron en el hall de la estación con orquesta incluida. De paso, aprovecharon para juntar firmas para un petitorio que reúne aportes para la multiplicación y el desarrollo del tango como emblema cultural de aquella ciudad.

Y estos son solo algunos ejemplos de movilizaciones acaecidas en un mismo y corto espacio de tiempo. Antes de viajar a Perú, los días 12 a 14 de octubre de 2012 con motivo del IX encuentro de defensa cívica del patrimonio cultural en Palma de Mallorca la entidad anfitriona ARCA (Associació per a la Revitalització dels Centres Antics), Asociación Ben Basso de Sevilla, Asociación Ciudadanos por el Patrimonio de Segovia, Associació d’Amics del Castell de Montjuïc de Barcelona y la entidad organizadora SOS Monuments (Associació per la Defensa Cívica del Patrimoni Cultural) también de la misma ciudad, entendieron, instalados en plena crisis económica, observando recortes y actuaciones públicas y privadas tendentes a minimizar la atención requerida por el Patrimonio en general, que era un buen momento para la reflexión y el aprovechamiento de la situación a fin de encontrar nuevas formas de actuación. Era el momento perfecto para replanteamientos y marcar nuevas directrices que optimicen nuestros esfuerzos en la siempre presente e inacabada defensa del Patrimonio Cultural.

Durante el IX Encuentro de Asociaciones para la Defensa del Patrimonio Cultural en Palma de Mallorca, las asociaciones reunidas visitaron conjuntamente lugares patrimoniales de la ciudad de Palma y de la sierra de Tramontana. Durante el debate de clausura, se acordó trabajar principalmente en dos líneas de actuación. Primeramente, mantener la alerta en la protección, conservación y rehabilitación de edificios, monumentos, centros históricos, barrios, etc, evitando las amenazas de carácter urbanístico, arquitectónico, turístico o cívico que se presenten. Seguidamente, apostar por la necesidad del patrimonio como sector estratégico y de valor esencial para la cohesión social en un contexto de crisis económica.

Plantearemos ahora soluciones a los problemas expresados anteriormente. ¿Cómo aplicar los principios?

El Patrimonio debe postularse como motor de creación económica, pero renunciando al malgasto y las actuaciones innecesarias que se comenten en los tiempos de especulación y bonanza. Desde la Declaración de Palma de Mallorca 2012, se propusieron siete frentes de actuación para la conservación del Patrimonio. Se apuesta por una menor inversión ajustada a la escasez presupuestaria, pero dirigida y gestionada de manera que garantice mejores resultados presentes y futuros para el patrimonio. Una inversión planificada y mejor orientada actúa como un activo económico y social rentable, que revierte en el desarrollo de la población al fomentar las actividades económicas, la educación cultural, la identidad y los valores de colectividad y pertenencia.

La sensibilización de la opinión pública respecto al patrimonio es tan importante como la conservación en sí misma. La consciencia cultural de un pueblo es la mejor arma para la conservación de su patrimonio. Es necesaria la compresión de la función cultural en nuestra sociedad. Debemos facilitar a la ciudadanía la toma de conciencia del valor del legado cultural como fuente de crecimiento individual y colectivo, así como garantizar la transmisión de su herencia y exigir el cumplimiento de pleno derecho al uso y disfrute del patrimonio por parte de todos. Es por ello importante incidir en los diferentes estadios de formación. Desde una actitud cívica, a través de campañas de sensibilización en escuelas de primaria y secundaria, así como, para el resto de la población apostar por el civismo, pensando prioritariamente en las personas que habitan las ciudades y los poblados como parte casi intrínseca del patrimonio. Desde el ámbito académico, se debe incrementar la calidad de la oferta formativa de técnicos y agentes culturales en la propia universidad y en asociaciones profesionales. Se debe impulsar el avance en la investigación, desarrollo e innovación a través de las nuevas tecnologías aplicadas a la conservación, restauración y difusión del Patrimonio, aportando nuevos modelos sostenibles y eficientes.

Se debe favorecer la concienciación social hacia un concepto más amplio del patrimonio que no se limite al que es monumental. Reafirmemos nuestra implicación en todo lo que sirva para ampliar su definición, tanto a nivel humano como natural. Esta es una definición, que según la Unesco, comprende tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. Preservar este legado inmaterial, que en ocasiones olvidamos inmersos en la lucha por preservar el patrimonio material, ampliando nuestra atención en la defensa de su comprensión a nivel global es imprescindible.

Es interesada y necesaria la apuesta por la complementariedad y convivencia entre el patrimonio y el turismo. El turismo supone una entrada importante de capital para la economía, tanto en el sector de servicios como en el inmobiliario. El patrimonio actúa como un importante foco de atracción para captación turística y su rendimiento debiera revertir en garantizar su restauración y mantenimiento, por ejemplo a través de eco-tasas o tasas turísticas. Existe el reto y la oportunidad de regular la actividad económica turística para intentar evitar el deterioro del patrimonio por exceso de éxito, desarrollando una oferta cultural y turística de calidad mediante visitas cualificadas y la descentralización de las actividades, que marcan las directrices para un uso responsable del patrimonio en las que se regule la desmesurada ocupación del espacio público por intereses privados, que degradan la calidad del ambiente y desvirtuan la estética del paisaje urbano o natural.

Deberíamos aprovechar las crisis para diseñar nuevos modelos de ordenación del territorio y planificaciones urbanísticas que exijan una mayor coordinación con las normativas de protección patrimonial a fin de resolver los numerosos conflictos urbanísticos especulativos y los incidentes jurídicos colaterales que se presentan entre el derecho al aprovechamiento máximo del suelo y a la conservación del patrimonio construido o paisajístico, exigiendo de los profesionales implicados en el planeamiento local y los catálogos, liberales o funcionarios, especializados o no, una mayor voluntad y capacidad de coordinación de los objetivos de protección patrimonial frecuentemente separados e inconexos con los aprovechamientos planificados en suelo urbano, así como para alertar a las autoridades y legisladores de las importantes necesidades urbanísticas que requiere el futuro de nuestro patrimonio cultural y urbano; apostando por una planificación integradora que potencie un vínculo más trabajado y preciso entre los planes de protección del patrimonio y el planeamiento general. Una planificación más cualitativa que cuantitativa, que se ajuste a los parámetros establecidos en los catálogos como documentos de relevancia urbanística con el objetivo de recuperar la funcionalidad urbana de los edificios históricos.

Es necesario apostar por la revisión de los catálogos patrimoniales. Por un lado, incorporando estudios detallados para el encaje del aprovechamiento y los usos futuros del bien catalogado, anticipándose a las posibles reivindicaciones de la propiedad. La planificación de los usos futuros, comunes o singulares es imprescindible para la preservación en sí misma, para la consolidación de la estética urbana y para la correcta valoración económica del edificio protegido. Por otro lado, cabe favorecer la inclusión en los catálogos del patrimonio no siempre debidamente valorado como son los parques urbanos, la arquitectura tradicional y popular, la arquitectura del siglo XX (comúnmente de interés racionalista) y el patrimonio no monumental, entre otros. Necesitamos asumir los condicionantes urbanísticos como inherentes al valor añadido cultural que genera la conservación del patrimonio y proponer soluciones compensatorias alternativas o incentivos fiscales para la propiedad. A fin de evitar las grandes indemnizaciones por parte del ayuntamiento a la propiedad por una edificabilidad no materializada que inevitablemente conlleva a la compra del inmueble catalogado para destino público, o bien la implantación en el solar de unas intensidades claramente incompatibles con la misma preservación del edificio catalogado, que lo convierte en un amasijo de volúmenes discontinuos y en tensión que desvirtúan los elementos conservados, se hace más necesaria que nunca la aplicación de calificaciones urbanísticas que permitan la conservación de los edificios históricos dentro de un contexto de aprovechamiento homogéneo o bien a través de las TAU (trasferencias de aprovechamiento urbanístico) y la creación de polígonos capaces de redistribuir estas intensidades.

Debemos frenar la especulación incontenida del parque inmobiliario en los barrios históricos y desfavorecidos, generadora de procesos de gentrificación de sus clases populares. La salida de su población original supone, además de un abuso, la pérdida de la cultura popular, un importante patrimonio inmaterial que da contenido al continente e imprime carácter y sentido al Patrimonio vivido. Es preciso recuperar un espíritu de compromiso y exigir que la planificación y remodelación urbanística de los barrios históricos conozca y respete las tipologías de sus viviendas como parte inherente a las formas de vida de sus habitantes.

La iniciativa privada es una de las fuentes de financiación de la rehabilitación y preservación del patrimonio, que debe ser correctamente regulada para beneficio del patrimonio y del disfrute en general, asegurando que las inversiones privadas de grandes entidades económicas sean respetuosa con el patrimonio y el interés colectivo, creando facilidades económicas y técnicas para los propietarios de viviendas o pequeños negocios que puedan mantener el patrimonio dentro de sus posibilidades económicas, promocionando los mecanismos de participación de los propietarios en el control y la supervisión tendente a una buena conservación del patrimonio privado, evitando los abandonos intencionados en busca de una permisiva declaración de ruina económica que tolera la especulación y la degradación de nuestro Patrimonio por parte de sus propietarios, replanteando la desmesurada competencia municipal en la declaración de ruina económica de edificios catalogados, promocionando un mantenimiento periódico del patrimonio por parte de la propiedad, a través de pequeñas intervenciones de conservación, menos costosas, que dinamicen la economía del sector artesanal y de los oficios tradicionales de la construcción como parte inherente del legado cultural y así mismo la rehabilitación del patrimonio industrial para su reconversión en equipamientos de nuevas actividades potenciadoras de desarrollo económico, social, y cultural

¿Hablamos de arquitectura? Apostemos por intervenciones mínimas, minimicemos los contrastes estilísticos y los costes innecesarios; incidamos en la importancia y la necesidad de obtener la máxima documentación histórica y técnica posible previa a la ejecución del trabajo; favorezcamos una inversión más económica que garantice una mayor eficacia de la intervención; apostemos por intervenciones menos agresivas en busca de la compatibilidad y reversibilidad de los materiales, técnicas y estilos, a fin que no comprometer estéticamente ni hipotecar económicamente las restauraciones futuras; recuperemos la materia antes que sustituirla; máxima conservación y menor inversión, a fin de conservar la autenticidad; respetemos la lectura fidedigna de su evolución histórica, evitando caer en repristinaciones exageradas o falsos históricos.

Y coordinémonos. Cooperemos. El patrimonio cultural siempre está en crisis. Y los tiempos de crisis son tiempos en los que es necesaria la cooperación. Es un momento para que las distintas personas o asociaciones sensibilizadas en la defensa del patrimonio aunemos esfuerzos, actuemos coordinadamente, economizando recursos, compartiendo conocimientos, noticias y personal técnico comprometido: arquitectos, urbanistas, historiadores y abogados, mantengamos y potenciemos redes de entidades que velen por el Patrimonio en todo el Estado apostando por la creación de una red de trabajo (usando los mass media) abierta a la incorporación de asociaciones, instituciones y expertos que así lo soliciten; establezcamos vínculos con el resto del mundo, usemos a la Unesco e Icomos y acostumbrémonos a elevar a instancias internacionales nuestras denuncias y acciones. Profundicemos en estudios y análisis comparativos entre países, a nivel legislativo y de prevención del patrimonio en busca del contraste de acciones e ideas y para el aprendizaje y conocimiento.

Y escuchemos a la verdadera protagonista: la gente.

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